Los $1,000 millones incautados a los Cachiros aún no pasan al Estado
Pendiente La justicia ordenó que lo incautado a los narcos pasara a favor del Estado, pero defensa de propietarios apeló resolución y la corte especial sigue sin resolver el caso
La Corte de Apelaciones todavía no resuelve un recurso de apelación interpuesto hace un año contra la sentencia del juzgado de privación de bienes de origen ilícito que ordena que la fortuna de mil millones de dólares de la banda Los Cachiros pase al Estado. El Ministerio Público aseguró en febrero de 2013 un total de 118 bienes inmuebles, entre propiedades y empresas, 11 sociedades mercantiles, 71 cuentas bancarias y 29 vehículos, que, según estimaciones de las autoridades, estaban valoradas en unos mil millones de dólares. Entre las compañías incautadas se encontraban las empresas familiares identificadas como Ganaderos Agricultores del Norte, Palma del Bajo Aguán, MineraMi Esperanza, Inmobiliaria Rivera Maradiaga e Inversiones Turísticas Joya Grande. Luego se procedió a la incautación -toma de posesión física- de la mayoría de los bienes asegurados y puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). La Oabi tiene en su poder 48 bienes inmuebles, entre fincas, casas, edificios y parques, además de 18 vehículos, como tractores, tanques cisternas y pick-up. El juzgado de letras de privación del dominio de bienes de origen ilícito declaró el comiso de la fortuna de Los Cachiros en febrero de 2017, pero la defensa de los dueños de estas propiedades interpusieron un recurso de apelación, mismo que no ha sido resuelto. De los 48 bienes inmuebles recibidos por la Oabi, 16 están en arrendamiento y otros 10 bajo modalidad de comodato, es decir un préstamo gratuito. La Oabi también reporta que otros 14 bienes se encuentran disponibles y bajo la custodia de esa entidad. El hotel El Encanto, en Cortés, una casa y una hacienda en Colón, que les confiscaron a supuestos socios de Los Cachiros, fueron devueltos.
Legislación. La Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito fue la norma que se aplicó para despojar a Los Cachiros de sus bienes. La normativa indica que se declararán en comiso- a favor del Estado-los bienes cuyo origen lícito no se pueda probar. Contra la sentencia de privación o de devolución solo se puede interponer el recurso de apelación. Los Cachiros fueron designados como narcotraficantes por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre de 2013. La designación fue para los líderes de Los Cachiros, los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga (de 46 años) y Devis Leo-
nel Rivera Maradiaga (42). Ambos desempeñaron un papel importante en el tráfico de droga desde Colombia a Estados Unidos, utilizando a Honduras como puente. Los otros socios de Los Cachiros a los que se les aplicó la resolución fueron: Santos Isidro Rivera Cardona (el padre, ya fallecido), Esperanza Caridad Maradiaga López ( madre), Maira Lizeth Rivera Maradiaga (hermana), Santos Isidro Rivera Maradiaga ( hermano) y Bismarck Antonio Lira Girón (líder de una célula nicaragüense de Los Cachiros).
Acuerdos. Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga se entregaron a la justicia de Estados Unidos en enero o febrero de 2015 para enfrentar los cargos que les imputaron por tráfico de cocaína. Ambos llegaron a un acuerdo de aceptar la culpabilidad de los cargos. Devis Leonel Rivera Maradiaga se convirtió en testigo protegido a cambio de brindar información sobre sus socios y operaciones, de esa forma pudo evadir la prisión y se pasea libre por Estados Unidos. Mientras, Javier Eriberto Rivera Maradiaga aceptó culpabilidad y espera que se fije sentencia en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por haber aceptado los cargos y convertirse en soplón evitó recibir cadena perpetua. El acuerdo permitió, además, que ambos criminales pudieran llevar a Estados Unidos a sus familiares cercanos para evitar que sus vidas corrieran en peligro en Honduras.
Lavados en el Estado. Los Cachiros crearon un imperio de tráfico de drogas y lavado de dinero que los convirtió en la sociedad criminal más poderosa de Honduras. El crecimiento de esta estructura fue tal que, incluso, se dedicaron a lavar dinero a otras bandas delincuenciales por medio de las empresas que conformaron. Según las investigaciones del Ministerio Público, Los Cachiros lavaron 143 millones de lempiras en 43 contratos que sus empresas firmaron con el Estado. Algunos de estos contratos se firmaron en los últimos 10 años con la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda, el Fondo Vial, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Fondo Hondureño de Inversión Social, entre otras, que son investigados por las entidades contralores.
Los Cachiros temían por la vida de sus familiares y pidieron que los enviaran a Estados Unidos a cambio de facilitar información.