Faltan candidatos

Editorial N i postulados ni autopostulados a excepción de una persona, calificada extraoficialmente de valiente, es la muestra del interés en el proceso para la selección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto al casi cumplirse el plazo establecido sobre el que ya se habla de una prórroga en la que las instituciones propongan y profesionales del derecho envíen sus currículum, de manera que haya de dónde elegir en el concurso con las pruebas a las que se someterán los participantes para escoger a los nominados que pasan al Congreso donde se escuchará la última palabra. Puede resultar extraño que llegue el final del plazo y, como quien dice, se escurra el bulto, profesionales altamente calificados no solo en el campo jurídico, sino en su desempeño como ciudadanos o miembros de familia. Hay personas idóneas y no pocas, pero como señalaba uno de los columnistas de LA PRENSA no es apetecible el cargo para quien quiere ir de vacaciones. El listón de las responsabilidades ha sido colocado alto y los jueces, la mirada atenta y enjuiciadora de la sociedad, califican la labor en el campo, hasta ahora minado por la política, la corrupción y la impunidad, en que se moviliza el Ministerio Público. Según las previsiones de la Junta Proponente para el próximo lunes, 30 de abril, fecha final para entregar los currículum, “relación de títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona”, explica el diccionario de la RAE, se esperaban como mínimo unos cincuenta, lo cual llevaría a una laboriosa evaluación para identificar a los profesionales que pasarían a la siguiente fase, las pruebas. Faltan días, pero aunque en el ámbito de la Junta no se utiliza oficialmente la palabra prórroga ya se piensa en ella para decidir en una sesión destinada exclusivamente a ello. El fenómeno debe llamar a la reflexión en el ambiente oficial, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil, pues la paz, la convivencia, la prosperidad y el progreso pasa por los operadores de justicia en cuya labor recae la confianza y credibilidad en el Poder Judicial. Pese a la atadura de la decisión final del Poder Legislativo, órgano eminentemente político, quienes sean nombrados no se deben a sus proponentes ni a los políticos sino que su labor debe enmarcarse, independientemente de todo lo anterior, en la ley que rige el cargo con respaldo y una beneficiosa presión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih. El desafío es descomunal, pero su aceptación se puede convertir en oportunidad...