Por falta de pruebas dejan libres a cuatro de los llamados Olanchanos
La Fiscalía alegaba que usaban una empresa de seguridad como fachada para extorsionar, pero ni siquiera investigaron a la empresa
TEGUCIGALPA. Porque el Ministerio Público no logró probar que participaron en el delito de extorsión, cuatro miembros de una familia conocidos como Los Olanchanos fueron absueltos de responsabilidad en los delitos de extorsión continuada y asociación ilícita. A los acusados Juan Carlos Rodríguez Cálix, Óscar Daniel Rodríguez Cálix, Sara Carolina Palma Carrasco y José Eleazar Rodríguez Rivera los capturaron en mayo de 2016 en San Pedro Sula. Esta semana enfrentaron la acusación en el Tribunal de Sentencia en Materia de Extorsión. Durante el juicio celebrado en los tribunales de Tegucigalpa, la Fiscalía contra el
Crimen Organizado llevó a declarar dos testigos protegidos que afirmaban que eran obligados a pagar, primero L200 y después 300 lempiras. Pero la defensa de los imputados llevó también como testigos a vecinos de La Reparto Lempira, del sector Satélite, adonde supuestamente operaban Los Olanchanos, y afirmaron que pagaban voluntariamente el dinero a una empresa de seguridad. Para demostrar ese extremo, el abogado defensor también presentó la escritura de constitución de 2006 de la empresa de seguridad, así como los uniformes que usaban los vigilantes y la declaración del dueño de la empresa. El propietario de la empresa de seguridad afirmó ante los jueces que él recibía el dinero que cobraban y que los imputados no se quedaban con nada. En las declaraciones de al menos diez testigos de la defensa se detalla que cuando tenían la empresa de seguridad no había asaltos ni muertes en la zona de la Satélite. Por el delito de asociación ilícita los fiscales solo presentaron un dictamen de los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), que decía que los acusados habían cometido delitos, pero no probaron ese extremo, pues los acusados nunca habían sido capturados ni acusados, por lo que sus antecedentes policiales estaban limpios. La Fiscalía alegaba que la empresa de seguridad era fachada, pero nunca hizo una investigación para probarlo, por lo que con la escritura y la declaración del dueño la defensa probó lo contrario.