CNA acusa a tres magistrados por caso de Mi Rosa
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TEGUCIGALPA. Un recurso de reposición interpuso ayer ante la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ramírez, apoderado legal de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Él aseguró que el recurso va encaminado a que se revise la medida aplicada a su cliente, para que se le permita defenderse en libertad. “Lo que vamos a hacer es interponer la solicitud de revisión de medidas. Los delitos que ha calificado la Corte de Apelaciones, con muy buen criterio, descarta los de lavados de activos y malversación de caudales públicos, esto permite ahora que doña Rosa Elena Bonilla pueda ser escuchada en libertad”, explicó Ramírez. Esa resolución de la Corte de Apelaciones implica que a la ex primera dama se le devolverán los bienes que se le habían incautado y que están administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). En el análisis jurídico, la Corte de Apelaciones consideró que la calificación de los delitos aceptados en primera instancia no es la correcta, por lo que reformó dicha calificación y dictó el auto de formal procesamiento por tres delitos: apropiación indebida apreciados como un solo delito continuado a título de autora y seis delitos de fraude cometidos en el grado de participación de inductora.
Acusan a magistrados. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su análisis de la resolución, afirma que la Corte no valoró la prueba contundente que aportó la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic), en donde se reveló que Rosa Elena de Lobo con el dinero apropiado habría librado cheques para comprar una inmobiliaria a Los Cachiros por valor de tres millones de lempiras. Odir Fernández, jefe de Investigación y Seguimiento de casos del CNA, ayer en compañía de Gabriela Castellanos, llegó al Ministerio Público para interponer ante la Fiscalía de Enjuiciamento de Funcionarios Públicos
y Judiciales, una denuncia contra los tres magistrados que dictaron la resolución a favor de la ex primera dama. “Solicitamos que se les investigue y se les judicialice la causa por prevaricato a los tres magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción. Creemos que han cometido el delito de prevaricato. Suficientes elementos hay para determinar responsabilidad penal, no tienen capacidad para seguir conociendoestacausaporque conlacorrupciónnosejuega”,
dijo Fernández. A criterio del CNA, en el proceso que se sigue a Rosa Elena Bonillasedeterminódeforma suficiente que ella habría sustraído más de 16 millones de lempiras en el llamado caso de la “Caja chica de la dama”. “Dicen que no hay lavado de activos porque no existe un delito precedente, ignorando lo que dice la Ley de Lavado de Activos, donde el tipo penal es autónomo, no requiere de delitos previos. Creemos que eso es un cinismo. Esa resolución es de impunidad la que se dictó para beneficiar directamente a la ex primera dama”, apuntó. El dilema de si la ex primera dama era o no funcionaria, para el CNA queda resuelto con lo que establecen las convenciones internacionales. “Hemos establecido que las convenciones internacionales así lo dicen y determinan que la señora es funcionaria pública. Pero en este país no convienedeclararlaasíporlas consecuencias futuras que se vendrían en el país para otros actores”, dijo Fernández. Para Luis Zelaya, expresidenciable del Partido Liberal, es del criterio también que Rosa Bonilla puede ser considerada funcionaria pública. “Estamos preocupados. Vamos a analizar en el seno del partido las acciones que correspondan porque a nuestro criterio Rosa Elena Bonilla cumplía funciones como funcionaria pública”, dijo. Para el CNA, la mayor estrategia de impunidad de los magistrados era desacreditar la tesis de que Rosa Elena tiene la calidad de funcionaria.