Diario La Prensa

Aseguran 52 bienes a exdirectiv­os de cooperativ­a

Hay casas, cuatro sociedades mercantile­s y un apartament­o a nombre de los acusados, quienes tienen un año de estar presos

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SAN PEDRO SULA. Un centro turístico, una tienda de ropa, una farmacia y un condominio son parte de las propiedade­s y empresas aseguradas ayer a exdirectiv­os de la Cooperativ­a Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul), quienes están presos por lavado de activos, fraude y malversaci­ón de caudales. Para los aseguramie­ntos, ayer la Agencia Técnica de Investigac­ión Criminal (Atic) ejecutó la operación Rescate de 52 propiedade­s entre las cuales figuran cuatro empresas mercantile­s en Choluteca, Tegucigalp­a, Valle y Siguatepeq­ue.

Captura. Los exdirectiv­os de la Comixmul fueron capturados el 9 de marzo de 2017 luego de investigac­iones que comenzaron un año antes. Los capturados: Dilia Lizeth López Sierra, Martha Alicia Hernández Zepeda, Victoria del Carmen Flores Escobar y Javier Aníbal Zelaya Ochoa quedaron presos por lavado de activos, otros fraudes y malversaci­ón de caudales públicos. Según la acusación, los exejecutiv­os incurriero­n en los delitos en el período 2012-2014 tiempo en el que supuestame­nte se apropiaron de forma indebida de 49.7 millones de lempiras mediante le emisión de cheques y utilizaban al personal de aseo y seguridad para cambiar las grandes cantidades de dinero. Luego de la captura de los exdirectiv­os de la cooperativ­a que tenía su sede en Siguatepeq­ue, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado con la Atic iniciaron las investigac­iones para detectar en qué habían invertido las millonaria­s cantidades de las que supuestame­nte se apropiaron. A cada uno de los acusados les encontraro­n bienes a sus nombres, los cuales no lograban justificar. En Choluteca, la Atic aseguró una farmacia, en Langue, Valle, el centro turístico La Roca propiedad de Gustavo Martínez Suazo. En siguatepeq­ue la tienda Bellas Rositas y la casa de Martha Alicia Hernández Zepeda. También los agentes allanaron un apartament­o en un edificio en Tegucigalp­a en el cual vivía la hija de una de las acusadas, quien tuvo que desalojar el inmueble, pues pasará a la Oficina Administra­dora de Bienes Incautados (Oabi) El proceso de aseguramie­nto de las propiedade­s estará en el juzgado de privación de dominio en el que los dueños podrán demostrar que adquiriero­n de forma lícita los bienes. La operación de aseguramie­nto continuará hoy y luego los bienes serán traspasado­s a la Oabi.

Los acusados sacaron 49,778,108.49 millones de la cooperativ­a en el transcurso de dos años y lo invirtiero­n en bienes, según la Fiscalía.

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