Fe de erratas
Dos diputados del Congreso Nacional han sido incriminados por la Maccih y arrimados al poste de los juzgados anticorrupción por considerarlos responsables de los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno. La acusación criminal o requerimiento presentado por fiscales de la Ufecic, el brazo justiciero de la Maccih, está relacionada con la publicación en el diario oficial La Gaceta de la inicua reforma a la Ley General del Presupuesto calificada por algunos sectores como una tabla de salvación que beneficiaría a los funcionarios y diputados corruptos, evitándoles la cárcel que truecan, mediante un inventado y artificioso procedimiento que lo difiere y envía al olvido administrativo, por lo que sus graves infracciones penales quedan irremisiblemente, a partir de dicha reforma, en la más absoluta y total impunidad, tal como ha sido la práctica en nuestro país cuando se trata de altos funcionarios del Estado. El texto de lo aprobado por el pleno del Congreso Nacional no fue el mismo que el enviado para su publicación en La Gaceta, como lo denunció oportunamente el vocero, en aquel entonces, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, por lo que los acusados, ambos directivos del poder legislativo, se vieron obligados a enviar una fe de erratas que de acuerdo a los investigadores manipularon al agregarle un texto que no fue aprobado por el pleno, concluyendo, según los imputados, que se debió a un “mero error y no a un acto predeterminado”. La fe de erratas es un procedimiento normal cuando se refiere a un pequeño error en el texto de una ley o documento, pero si se detectaren errores u omisiones importantes, como lo hizo ver la Maccih, el entuerto debe ser corregido dentro del documento y no mediante este procedimiento, como lo hicieron los enjuiciados, alterando además el texto de lo aprobado, con el afán de mantener a toda costa la malograda reforma, como un “pacto de impunidad”, como lo calificó don Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Misión internacional, o de lo que aún queda de ella. Los equipos integrados de investigación y de persecución penal de ambas dependencias encontraron, de conformidad a lo que han expresado, indicios racionales de responsabilidad criminal contra los parlamentarios denunciados, al incluir un texto diferente al aprobado, lo que originó que el juzgado que inició autos contra cinco diputados, en un caso anterior, por malversación de fondos públicos, los haya archivado, siguiendo las directrices de la fe de erratas, que partiendo de las grabaciones magnetofónicas examinadas por los investigadores, fueron maliciosamente alteradas. Lo que en rigor legal no puede constituir “un mero error” como ilusamente se pretende.
“ALTERACIONES MALICIOSASNO PUEDEN CONSTITUIR UN‘MEROERROR’ COMOILUSAMENTE SEPRETENDE”