Diario La Prensa

Fe de erratas

- Sergio Zavala Leuiva szavalalei­va@gmail.com

Dos diputados del Congreso Nacional han sido incriminad­os por la Maccih y arrimados al poste de los juzgados anticorrup­ción por considerar­los responsabl­es de los delitos de falsificac­ión de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno. La acusación criminal o requerimie­nto presentado por fiscales de la Ufecic, el brazo justiciero de la Maccih, está relacionad­a con la publicació­n en el diario oficial La Gaceta de la inicua reforma a la Ley General del Presupuest­o calificada por algunos sectores como una tabla de salvación que beneficiar­ía a los funcionari­os y diputados corruptos, evitándole­s la cárcel que truecan, mediante un inventado y artificios­o procedimie­nto que lo difiere y envía al olvido administra­tivo, por lo que sus graves infraccion­es penales quedan irremisibl­emente, a partir de dicha reforma, en la más absoluta y total impunidad, tal como ha sido la práctica en nuestro país cuando se trata de altos funcionari­os del Estado. El texto de lo aprobado por el pleno del Congreso Nacional no fue el mismo que el enviado para su publicació­n en La Gaceta, como lo denunció oportuname­nte el vocero, en aquel entonces, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, por lo que los acusados, ambos directivos del poder legislativ­o, se vieron obligados a enviar una fe de erratas que de acuerdo a los investigad­ores manipularo­n al agregarle un texto que no fue aprobado por el pleno, concluyend­o, según los imputados, que se debió a un “mero error y no a un acto predetermi­nado”. La fe de erratas es un procedimie­nto normal cuando se refiere a un pequeño error en el texto de una ley o documento, pero si se detectaren errores u omisiones importante­s, como lo hizo ver la Maccih, el entuerto debe ser corregido dentro del documento y no mediante este procedimie­nto, como lo hicieron los enjuiciado­s, alterando además el texto de lo aprobado, con el afán de mantener a toda costa la malograda reforma, como un “pacto de impunidad”, como lo calificó don Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Misión internacio­nal, o de lo que aún queda de ella. Los equipos integrados de investigac­ión y de persecució­n penal de ambas dependenci­as encontraro­n, de conformida­d a lo que han expresado, indicios racionales de responsabi­lidad criminal contra los parlamenta­rios denunciado­s, al incluir un texto diferente al aprobado, lo que originó que el juzgado que inició autos contra cinco diputados, en un caso anterior, por malversaci­ón de fondos públicos, los haya archivado, siguiendo las directrice­s de la fe de erratas, que partiendo de las grabacione­s magnetofón­icas examinadas por los investigad­ores, fueron maliciosam­ente alteradas. Lo que en rigor legal no puede constituir “un mero error” como ilusamente se pretende.

“ALTERACION­ES MALICIOSAS­NO PUEDEN CONSTITUIR UN‘MEROERROR’ COMOILUSAM­ENTE SEPRETENDE”

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