Seguirán penando

Los corruptos en Honduras constituyen un amplio y diversificado segmento que con el paso de los años ha ido in crescendo. Están presentes en todas las administraciones gubernamentales en donde tienen su cuota de poder. Quitan y ponen ministros y altos funcionarios públicos. Su influencia es tal, que hasta son capaces de derogar leyes o reformar las existentes para evitar ser inquietados en su impunidad. Un ejemplo de esto es la reforma introducida a la Ley General del Presupuesto para despenalizar los delitos de malversación de fondos que pasan a la jurisdicción administrativa. Estratégicamente utilizan una práctica muy común: el lanzamiento de globos sonda para auscultar, en un caso que les interesa, la opinión pública y las reacciones de las organizaciones internacionales. De este modo filtraron una supuesta sentencia de la Sala de lo Constitucional que declararía inconstitucional el convenio de creación de la Maccih derogando el decreto que lo ratifico. Lo que mereció el repudio de los hondureños, quienes advirtieron que podría sobrevenir una situación caótica estilo Nicaragua, si los magistrados se atrevían a declarar con lugar dicho recurso. Una treta legal que era impulsada por los mismos imputados en el caso de la “Red de diputados”, bajo el supuesto que violaba la Constitución de la República. Pero la Sala de lo Constitucional volvió por sus fueros declarando que el convenio que dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad estaba ajustado a los preceptos constitucionales y a los convenios internacionales que lo prevén. De esta forma, la Maccih se irá integrando a nuestro sistema de justicia en la lucha contra la impunidad y la corrupción y en la investigación de algunos casos de alto perfil, como el de la “caja chica de la dama” y de la “red de diputados”, en el cual estarían involucrados unos 65 diputados, incluyendo a su presidente. El oficialismo temía verse obligado a instalar en nuestro país un organismo inspirado en el modelo chapín, la Cicig, que cobró relevancia internacional con la denuncia de un escandaloso fraude aduanero que provocó la dimisión y posterior arresto del presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti, que fueron parte de una extensa red criminal manejada por el Gobierno guatemalteco, en donde al menos 70 personas de la élite política fueron implicados en distintos casos de lavado de dinero, sobornos, y fraude. Por las exigencias de “los indignados” y el hartazgo de casos como el del Seguro Social vino la Maccih a Honduras. Para desmontar el andamiaje de los depredadores de la cosa pública, que ahora tras dicho fallo continuarán penando señalados con el dedo acusador de la vindicta pública y de la Ufecic.

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