Diario La Prensa

Corte vincula a Correa en caso de secuestro y le exige regresar a Ecuador

La jueza dispuso que el exmandatar­io se presente “cada 15 días” ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ)

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ECUADOR. El expresiden­te de Ecuador Rafael Correa fue vinculado por la justicia de su país por el presunto secuestro en Colombia de un opositor en 2012. La jueza Daniella Camacho dispuso que el exmandatar­io (2007-2017) se presente “cada 15 días” ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que responda en la investigac­ión por el secuestro del exdiputado Fernando Balda, señaló la fiscalía, que solicitó la vinculació­n de Correa en el caso por su presunta participac­ión como autor mediato. Camacho “acoge el pedido de Fiscalía y dispone la medida de presentaci­ón periódica del expresiden­te Rafael C. ante la úCorte Nacional cada 15 días, a partir del 2 de julio de 2018”, indicó el organismo acusador en su cuenta de Twitter.

La defensa acusa de abuso. La jueza “dispuso algo insólito, que alguien que vive en Bélgica, que tiene su familia en Bélgica (...) que tiene su trabajo en Bélgica se venga cada 15 días al Ecuador solo para presentars­e en la secretaría del juzgado”, dijo a la prensa el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, tildando a la medida de “tamaño abuso”. Entretanto, la defensa de Bal- da advirtió que, según la ley, Correa no podrá ser juzgado por el secuestro en caso de no comparecer. “No se va a poder juzgar en ausencia, él (Correa) podría estar prófugo los próximos siete años y luego regresar” al país, manifestó el abogado Felipe Rodríguez. Balda solicitará que se dicte orden de prisión preventiva contra el exgobernan­te si es que incumple la disposició­n de presentars­e el 2 de julio ante la justicia ecuatorian­a, añadió. En la audiencia en Quito, el fiscal general Paúl Pérez también solicitó como medida cautelar “el uso del dispositiv­o electrónic­o” de vigilancia por parte de Correa, pero el pedido fue rechazado por la jueza. Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligenc­ia policial, un excomandan­te de la Policía y un exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligenc­ia.

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PENA. Este delito podría costarle 5 años de cárcel.

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