Yo no fui... fue Teté

“AlAsreiterAdAs expresionesde inocenciAlArespuestAcorrectA es: nAdieestápor encimAdelAley”

No solo es típico entre los políticos corruptos, sino que en todos los delincuentes comunes aun los de la peor calaña, negar la participación en los hechos delictivos o punibles por los cuales se les acusa. Excepto cuando la justicia norteamericana los jala en extradición. Allá se declaran culpables, y sumisos para negociar una condena más piadosa o benigna, como ha ocurrido recientemente en los casos de narcotráfico y lavado de activos de todos conocidos. Si hacemos una encuesta en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, todos los reos -llamados hoy eufemísticamente privados de libertad- son, según ellos, inocentes o blancas palomas víctimas del sistema penal acusatorio que nos rige o de una persecución política, tratando de esta manera de eludir sus responsabilidades. En el último caso presentado por la Maccih y judicializado por la Ufecic identificado como la “Caja de Pandora”, se destapó otra olla de podredumbre en el que resultan implicados unos 38 funcionarios públicos, diputados, gobernadores políticos, alcaldes y dirigentes de los partidos políticos tradicionales, por el desvío de 281 millones de lempiras que fueron a engrosar sus bolsillos particulares, y a las campañas políticas de los Partidos Nacional y Liberal del año 2013 sin ningún control, y sin rendirle cuentas a nadie, a pesar de tratarse de fondos públicos, como en su momento lo hizo ver el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) pero nadie le hizo caso. Estos fondos, que fueron extraídos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de dos ONG mediante ilegales desembolsos a los coordinadores de campaña del partido de gobierno y al extraño pago de 99 millones de lempiras al Partido Liberal para saldar acuerdos políticos con los dirigentes de aquella época, que los recibieron sin importarles que estaban destinados a diversos proyectos sociales, como la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, y a favor de las madres pobres del país por la vía del fortalecimiento de las políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, todo según las investigaciones de la referida unidad fiscal del Ministerio Publico que por acciones como esta, ha estado a punto de que la desbaraten bajo el pretexto de que es “inconstitucional”. Como lavándose las manos, varios de estos imputados, cuyos nombres ya trascendieron al público, han manifestado en el colmo de la desfachatez “que son inocentes”, “que desconocían la procedencia de esos fondos”, y “que se trata de una jugada política”. A lo cual el Presidente de la República muy sabiamente les ha ripostado que nadie está por encima de la ley.