Organizaciones de México promueven leyes para proteger a los emigrantes

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria de México espera que el nuevo Gobierno apruebe leyes que respeten los derechos humanos de centroamericanos que cruzan ese país

SAN PEDRO SULA. Independietemente del candidato que gane las eleccciones en México, el nuevoGobiernodeberáaprobar una ley migratoria que garantice los derechos humanos de las personas de Centroamérica yotraslatitudes quelleganaese territorio para quedarse o con el objetivo de entrar a Estados Unidos. Esa es la esperanza que abrigan más de 30 organizaciones de la sociedad civil de México que consideran que el Estado debe replantear la política migratoriaparapredicarconelejemplo y exigir, con autoridad moral, a EUA el respeto de los derechos humanos de los mexicanos. “Para nosotros es fundamental que el Gobierno modifique su política de Estado en materia de migración, que deje de tener esta perspectiva de seguridad nacional y tenga una perspectiva de seguridad humana para garantizar los derechos humanos de las personas independientemente de la condición migratoria”, dijo MelissaVértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) de ese país. Durante una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA, Vértiz Hernández explicó que GTPM espera que el nuevo Poder Legislativo apruebe cambios a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Por un lado, según Vértiz Hernández, GTPM aspira a que el Poder Legislativo considere “que la privación de libertad de personas migrantes y personas objeto de protección internacional debe ser una excepción y no una regla”. Esa organización argumentó que este año, de acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), México registró “44, 327 eventos de personas migrantes en estaciones migratorias, de este total, 9,995 menores de edad, 6,507 hombres y 3,488 mujeres de Guatemala, Hon-

Detención

duras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela”. Los legisladores “tienen en sus manos la aprobación de un cambio (...) en materia de infancia migrante. Esta iniciativa se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados. Básicamente esta armonización, a favor de la infancia que viene de Guatemala, Honduras, El Salvador y de otros países extracontinentales, prohibiría que niños y adolescentes estén en estaciones migratorias. La privacióndelibertadesunaviolación grave cuando se trata de niños y niñas y adolescentes”, expresó. VértizHernándezexplicóqueel Gobierno de Enrique Peña NietohacriticadoaEstadosUnidos por el trato que le da a la niñez de México y Centroamérica, sin embargo, “en México también se les priva de la libertad y hay separación de familias”. “Esta legislación marcaría cierta restitución de derechos. Estamos hablando de que las niñas, niños y adolescentes que estén en territorio mexicano y deportados, si se les determina quesusderechosfueronviolentos, seestablezca un plan de reparación del daño”, explicó. A juicio de Vértiz Hernández existe la imperiosa necesidad de “modificar la Ley de Migración relacionada con el acceso a la justicia y el debido proceso, la posibilidad de que las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras tengan mecanismos accesibles y asequibles para su regularización migratoria”. “En las estaciones migratorias de México violentan derechos del debido proceso, tan fundamentales, como el derecho a la información. Hay condiciones materiales que ponen en riesgo la vida y seguridad de los migrantes. Se ha documentado que duermen en colchones llenos de chinches, no les permitenel acceso agua demanera cotidiana, hay suciedad en los baños, no hay privacidad. En la estacióndeTapachula, Chiapas, la más grande América Latina, se encierra a los niños en especies de celdas, hay separación de familias”, argumentó. La frontera entre México y Guatemala, constituida por el río Suchiate (161 kilómetros) en un tramo, es la primera prueba que sortean los emigrantes cuando comienzan la travesía hacia Estados Unidos. Dentro de México deben evadir el crimen organizado y Migración.

Hondureños en México han permanecido privados de libertad varias semanas antes de ser deportados.

Propone un “trato digno” para los centroamericanos. Según Anaya, de este modo el Gobierno mexicano tendrá autoridad moral para exigirle a Estados Unidos respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Criticó a Trump por llamarle “animales” a los emigrantes de la región. Promete un trato justo a los emigrantes de Centroamérica que llegan a trabajar a México o cruzan a Estados Unidos. Para este candidato, la separación de los hijos de sus padres migrantes en Estados Unidos era “una medida racista e inhumana”. Está en desacuerdo con la política “tolerancia cero” de Trump contra los emigrantes de Centroamérica y México. Sin embargo, considera que su país debe “mejorar las leyes” porque “mucha de esa migración” tiene delincuencia organizada y lavado de dinero. Es del criterio que el Gobierno mexicano debe respetar los derechos humanos de los emigrantes. Considera que las autoridades “no sean persecutorias, sino que puedan entender, escuchar y mantener esa posibilidad del tránsito”.