California le gana batalla a Trump y sigue como ciudad santuario
En marzo, el gobierno federal interpuso una demanda contra las políticas que protegen a los inmigrantes
LOS ÁNGELES. Un juez federal denegó ayer la petición del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a la conocida como “ley santuario” en California, que limita la cooperación policial en delitos relacionados con la inmigración. El juez de distrito John A. Mendez publicó la resolución casi dos semanas después de que abogados en representación del Ejecutivo y del estado se vieran las caras durante una audiencia. La administración de Trump solicitó al magistrado que aprobara una orden para frenar la oficialmente denominada ley de California SB 54, aprobada en 2017. “El argumento de los demandantes de que la ley SB 54 consigue que la aplicación de la ley de inmigración sea mucho más difícil lleva a unapregunta: ¿Másdifícilque qué?”, escribió Mendez en el fallo judicial. Mendez negó además otra petición para permitir al fiscal del estado, Xavier Becerra, inspeccionar los centros de detención de inmigrantes en California. El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, viajó a Californiayanuncióenmarzo una demanda federal contra las políticas de inmigración del estado. En concreto, la demanda del Gobierno se dirigíacontratresleyes“santuario” que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que, a juicio del Ejecutivo, violan la Constitución porque tratan de prevalecersobrelalegislación federal. Una de las leyes en cuestión permitió a California convertirse el 1 de enero en un “estado santuario” para los inmi- grantes, lo que significa que la policíalocalyestatalnopuede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que hayan cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados. En concreto, esa ley permite a los inmigrantes que han cometido un crimen salirenlibertad, unavezcumplida su condena, y no ser ex- pulsados a su país de origen. Méndez sí que bloqueó partes de esa norma, incluidas disposiciones que prohíben a empleadores privados cooperar voluntariamente con los funcionarios de inmigración y volver a verificar el estado laborallegaldelosempleados. La segunda ley contra la que se dirige la demanda prohíbe a las empresas de California cooperar con el Gobierno para deportar a inmigrantes, mientras que la tercera deja a la policía estatal inspeccionar los centros de detención.
El juez John Mendez indicó no obstante que las empresas privadas pueden cooperar con el gobierno.