Asegurarán siete bienes comprados con dinero de Pandora
Juzgado remitió a la Oabi la instrucción para que reciba las propiedades que incaute el Ministerio Público Habrían sido compradas con L282 millones de la SAG
TEGUCIGALPA. El Juzgado de Letras Natural Designado remitió a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) una orden para que reciba siete bienes asegurados que presuntamente fueron adquiridos con los 282 millones de lempiras desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en el caso Pandora. La instrucción fue entregada el 27 de julio y solo faltaría que el Ministerio Público incaute esas propiedades y las pase a la Oabi. “Si el Ministerio Público nos instruye y se coordina procederemos a tomar posesión de estos activos para generar la posesión de ellos ”, dijo Jo sé Luis Andino, director de la Oabi. También, el 27 de julio, esa judicatura envió otro oficio al Instituto de la Propiedad para que asegurara dichos capitales, es decir, no permitiera ningún acto-venta, hipoteca o donación-. Entre los bienes a incautar se encuentran la sociedad mercantil Las Casitas y tres casas o lotes en residencial Villa Universitaria en Tegucigalpa. Estas últimas se encuentran a nombre de José Rubio Suazo, pero fueron pagadas en su totalidad por Alba Luz Ramírez, quien está acusada de lavado de dinero y es una de los ocho prófugos. Asimismo, está asegurado un inmueble en residencial Roble Oeste, en la capital, cuyos propietarios son Valery Nicol Quiroz Palma y Alessandra Nicol Flamenco Palma. La orden de aseguramiento recayó, además, sobre tres oficinas en Torre Metrópoli, compradas por Fernando Josué Suárez Ramírez, presidente de las fundaciones Todos Somos Honduras y Di battista, que fueron usadas para drenar, según el Ministerio Público, los L282 millones de la SAG. Suárez está procesado por lavado de dinero y también está prófugo. Todos Somos Honduras y Di battista debían invertir los recursos en capacitación de productores, pero usaron los fondos en compra de bienes y financiamiento de campañas políticas entre 2011 y 2013, según la acusación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción( Ufecic ). En el documento de admisión del requerimiento fiscal contra 38 personas se autorizó la confiscación de los saldos de las cuentas bancarias, pero la Oabi no ha recibido ninguna instrucción para recibir esos productos financieros. La medida de aseguramiento e incautación “ya no cabe” para quienes estaban acusados de lavado de dinero y se les cambió a encubrimiento. Ese es el criterio del abogado Marlon Duarte, defensor del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, quien forma parte de los procesados a quienes se les modificó el tipo penal. “Tiene que ser revocada la medida de aseguramiento, cuentas, bancos y todo eso”, agregó el abogado. Libres. De los 38 acusados, entre ellos los diputados Elvin Santos, Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez y Miguel Martínez, 25 sep resentaron de forma voluntaria, tres fueron capturados y solo en un caso, el del fallecido exministro William Chong Wong, fue representado por herederos. La jueza natural Lidia Álvarez decretó el sábado pasado auto de formal procesamiento contra 26 imputados, pero a 25 les quitó la detención judicial para que se defiendan en libertad, excepto el exalcalde Urbina, preso porotrosdelitos. Solamenteal exministro de la SAG Jacobo Regalado se le aplicó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Regalado, acusado por abuso deautoridad, malversaciónde caudales públicos y fraude, fue llevado ayer por la madrugada al hospital militar porque presentó un cuadro de ansiedad y luego fue trasladado al Primer Batallón de Infantería donde guarda prisión.