Un pacto fiscal garantiza claridad en el uso de fondos

Debe buscar mejorar las condiciones de vida de la población con el manejo transparente del presupuesto

SAN PEDRO SULA. El pacto fiscal ha sido un tema que se ha manejado en las últimas semanas en la agenda del Gobierno, sociedad civil y el sector empresarial. Para el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, es urgente definir tiempos y actores para lograrlo. “Es necesario llegar a un acuerdo para definir el tiempo, los participantes, la metodología y las formas de validación y seguimiento de un contrato social”, explica el empresario. Sikaffy considera que la política fiscal de Honduras se caracteriza por programas que comienzan en el primer año de los Gobiernos con ajustes, principalmente fiscales, que impactan a la sociedad para resolver problemas de administraciones anteriores. Estas iniciativas se ligan muchas veces a acuerdos con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a pesar de algunos éxitos que alcanzan cierta estabilidad macroeconómica, en los años electorales estos logros

se revierten y se convierten en déficit fiscales severos. El presidente de los empresarios explica que esto provoca nuevos “paquetazos” y que al final no se refleja un plan de largo plazo y que solamente encarece los gastos a la población. “Es necesario llegar a un acuerdo para definir el tiempo, los participantes, la metodología y las formas de validación y seguimiento de un contrato social, como puede ser un pacto fiscal”.

¿Qué es un pacto fiscal?

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

(Icefi), es un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, sujeto a transparencia y rendición de cuentas para asegurar su cumplimiento. En 2016, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal señaló en su propuesta al Gobierno que la reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos se refleja especialmente en la voluntad de pagar impuestos a cambio de servicios suministrados por el Estado.

¿Qué se intenta lograr con un pacto fiscal y quién puede convocarlo?

Se busca que se dé prioridad a mejorar las condiciones de vida de los hondureños, con apoyo a la salud, la educación, la infraestructura y la producción para mejorar la equidad en el país. El Gobierno de la república, la sociedad civil, el sector privado o un grupo de actores sociales interesados en el tema pueden convocar a una instancia de diálogo para discutir los términos de un pacto fiscal.

¿Cuándo se puede llamar a discutir sobre un pacto fiscal?

Cuando los principales actores de la sociedad lo consideran conveniente, un pacto fiscal no tiene propósitos de resolver problemas emergentes, sino de enfrentar en el largo plazo los aspectos estructurales del desarrollo, y no se pueden improvisar medidas o acciones que no vayan a resolver los grandes problemas de la sociedad.

¿Quién debe participar en el diálogo?

El Gobierno, el Congreso Nacional, la empresa privada, las centrales de trabajadores, la academia, la sociedad civil, el sector social de la economía, representantes de la prensa, colegios profesionales, instituciones relacionadas con la economía, las finanzas públicas y de instituciones cooperantes.