La reforma al artículo 184
La reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal introducida por diputados del oficialismo en las sesiones de esta semana volvieron a poner en la picota pública el cuestionable papel de los “padres de la patria” en el abordamiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La pretendida modificación del texto normativo busca que acusados de al menos 21 delitos considerados graves como el lavado de activos, homicidio, asesinato, extorsión, prevaricato, violación, asociación ilícita, feminicidio y robo de vehículos, entre otros más, puedan defenderse en libertad.
El rechazo de la sociedad civil, connotados juristas, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), el Ministerio Público (MP) y la Embajada de Estados Unidos, no se ha hecho esperar, advirtiendo las repercusiones negativas que dicha iniciativa podría tener en la lucha contra la criminalidad organizada. La Maccih y el MP advirtieron que la pretensión tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal e incidirá negativamente en la eficaz persecución de los delitos de criminalidad organizada y corrupción.
En su defensa los diputados nacionalistas alegan que la reforma busca cumplir con 25 recomendaciones formu- ladas al estado de Honduras por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero por supuesto eso nadie lo cree.
Independientemente de la versión oficial, diversos sectores opinan que este solo es otro intento burdo por suavizar las penas y medidas contra los corruptos y los ladrones de cuello blanco en un momento que influyentes personajes públicos enfrentan la justicia y otros ven amenazada la coraza de impunidad que los ha protegido todo este tiempo. Este es el momento menos oportuno para plantear una reforma de esta naturaleza y con ello los diputados siguen minando su credibilidad ante el pueblo.
“LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO NORMATIVO ES SO LOOTRO INTENTO BURDO POR SUAVIZAR LAS PENAS A LOS CORRUPTOS”