ANALISTA INVITADO

Jimmy Morales y la Cicig

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, cumplen un año de tensas relaciones que se sella con el anuncio oficial de que el ente de la ONU solo estará en el país hasta septiembre de 2019. La medida, respaldada por unos pocos y rechazada por sectores sociales, anuncia un punto final para esta relación y está considerada como una determinación precipitada. El 27 de agosto del año pasado, el mandatario guatemalteco declaró “non grato” al jurista colombiano por injerencia en asuntos internos e intentó, sin éxito, expulsarlo del país. Morales aseguró entonces que el comisionado había intentado presionar por diferentes medios y de forma ilegal a los diputados para que aprobaran reformar artículos constitucionales sin dejar que el Congreso discutiera libre e institucionalmente las modificaciones. Ya la Cicig y el Ministerio Público (MP) habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra el mandatario para que le quitaran la inmunidad e investigarlo por financiación electoral ilícita en 2015. Aunque la Corte dio luz verde al proceso, los diputados arroparon al presidente y la demanda judicial no prosperó. Un año después se vuelve a solicitar el desafuero del jefe de Estado por el mismo delito y la decisión estará otra vez en manos de los legisladores. Una comisión integrada por cinco diputados, cuatro de ellos de oposición, analizan el voluminoso expediente de este proceso y su presidente, Luis Fernando Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (oposición), aseguró que actuarán con imparcialidad. Sin embargo, la secretaria general de este colectivo, Nineth Montenegro, también enfrenta un proceso por financiación electoral ilícita. La decisión de no renovar el mandato de la Cicig cayó a varios sectores como un balde de agua fría.