Diario La Prensa

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La Ufecic debía de convalidar la incautació­n 72 horas después de haber tomado posesión de los bienes asegurados

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TEGUCIGALP­A. La Oficina Administra­dora de Bienes Incautados (Oabi) consultó al Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito si decretó la incautació­n de propiedade­s por el caso Pandora o solamente ordenó el aseguramie­nto. La judicatura de privación de dominio ordenó, en primera instancia, sobre 46 bienes de imputados por el desvío de L282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultur­a y Ganadería (SAG). Estamedida­sehizoapet­ición de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público. El aseguramie­nto es el impediment­o para que el propietari­o de un capital venda, done o haga cualquier acto sobre el mismo y no representa que se tome posesión. La Ufecic, con la orden de aseguramie­nto, procedió a finales de agosto a incautar los bienes, es decir a prohibir al propietari­o el uso de lapropieda­dylos cedió a la Oabi. La Ufecic debía de convalidar la incautació­n 72 horas después de haber tomado posesión de los bienes, o sea, pedir al juzgado que avalara ese procedimie­nto, ya que la orden que recibió solo fue de aseguramie­nto. El director de la Oabi, José Luis Andino, indicó que se desconoce si la Ufecic pidió la convalidac­ión, razón por la cual se pide la aclaración. “Enocasione­s, eljuzgadoo­rdenaasegu­rareincaut­ar, perola instrucció­n en este caso solo fue la de asegurar y no sabemos si la incautació­n se hizo con el proceso de convalidac­ión”, enfatizó. Entre las propiedade­s incautadas se encuentran las sedes de los partidos Nacional y Liberal. En la misma solicitud de aclaratori­a, la Oabi pide al juzgado si es legal que se le dé en alquiler a los partidospo­líticos los edificios que selesincau­taron. La Ufecic había solicitado la incautació­n de bienes en el procesopen­alcontra38­acusados de malversaci­ón, pero como la justicia anuló el delito de lavado de activos por el que la mayoría fueron procesados esa medida la anularon. Ahora el caso de privación es conocido por el juzgado especializ­ado y este juicio es separado del proceso penal. Eldesvíode­recursosde­laSAG se hizo entre 2010 y 2013 por medio de dos fundacione­s sin fines de lucro.

El MP tiene dos años para solicitar al juzgado el juicio para que se declare en comiso a favor del Estado los bienes incautados.

Pandora.

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MEDIDAS. Hay una serie de propiedade­s aseguradas en el caso

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