Poder Ejecutivo sanciona reforma al artículo 335-B
Colegio de Periodistas de Honduras “valora” y “recibe con beneplácito” la derogatoria del apartado que amenazaba a los periodistas y medios
TEGUCIGALPA. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya sancionó la reforma a un decreto en el que se tipificaba el delito de “apología e incitación a actos de terrorismo” y que estaba dirigido a castigar a medios de comunicación. Así lo informó el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, quien dijo que Hernández “ya sancionó” la reforma del artículo 335-B aprobada en junio pasado en el Parlamento. Tras firmar el documento, el Ejecutivo lo envió al Poder Legislativo para que ordene su respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta, señaló Díaz en declaraciones a Radio América, de Tegucigalpa. El funcionario indicó que el gobernante “en ningún mo- mento ha manifestado su voluntad de vetar” esta reforma al artículo 335-B. El artículo, que fue aprobado en febrero de 2017, penalizaba a “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo”. La Corte Suprema de Justicia de Honduras sugirió el 31 de mayo al Parlamento derogar el decreto, publicado el 27 de febrero de 2017 en el diario oficial, lo que también pedía el Colegio de Periodistas. En abril, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a Honduras a derogar este decreto, pues considera que contraviene los principios universales en materia de libertad de expresión, y “representa una restricción ilegítima de la libertad de información” que podría aplicarse “de forma arbitraria” en perjuicio de medios y periodistas. que elimina una amenaza que pendía sobre los periodistas y los medios de comunicación. “Este es el resultado de una lucha permanente que mantuvo el Colegio de Periodistas de Honduras junto con otras organizaciones que defienden la libertad de expresión, como la Asociación de Prensa Hondureña y C-Libre. Esto manda un claro mensaje de la institucionalidad ante la sociedad hondureña y la comunidad internacional de respeto a los derechos fundamentales de la persona y de respeto a la labor de los periodistas de los medios de comunicación”, afirmó. Rodríguez señaló que, no obstante, “seguimos vigilantes de otras iniciativas que se discuten en el Congreso Nacional que afectan la libertad de expresión como la Ley Nacional de Ciberseguridad, la cual no dudaremos en denunciar si trasgrede garantías constitucionales en materia de libertad de expresión”. TEGUCIGALPA. La intervención en el Registro Nacional de las Personas ( RNP) no logró consenso anoche en la reunión del diálogo nacional, pero se continuará abordando en los próximos encuentros. Los actores políticos reanudaron ayer las reuniones. Lo de la amnistía que demanda la oposición pasará a manos de la Comisión del Diálogo Político, una instancia de alzada que tomará la decisión final. Tony García, representante de Salvador Nasralla, informó que hicieron la discusión técnica de un borrador sobre este asunto, pero corresponde a la Comisión Política su análisis. Sobre la amnistía, el sector que representa al presentador de televisión, Salvador Nasralla demanda la aprobación de un decreto, pero el Partido Nacional no acepta la figura de amnistía porque en Honduras no hay presos políticos, expuso el secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional