Mayor esperanza

Como alentador y espectacular repique de “gloria” fue recibido el bloqueo de la suspensión del programa migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal por decisión, cuya vigencia es inmediata, del juez federal de California Edward M. Chen, ya que la aplicación de la dura política antiinmigrante de la administración Trump causaría un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias, según la resolución del tribunal. La sentencia ordena al Departamento de Seguridad Nacional respetar el TPS de los ciudadanos provenientes de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. Aunque entre los países consignados en la resolución judicial no aparece Honduras, el precedente es sumamente positivo para los compatriotas. Cuando se llevó el caso a los tribunales, los hondureños beneficiados con este programa migratorio no había sido notificados de su fin, por lo que no podían presentar reclamo. Con este antecedente que actuará como jurisprudencia en beneficio también de los compatriotas, pero falta la sentencia firme. La administración republicana ordenó a los “tepesianos” -unos 263,000 salvadoreños, 86,000 hondureños, 58,000 haitianos, 5,300 nicaragüenses y un millar de sudaneses- que preparasen “su salida” del país o buscasen una alternativa migratoria legal; mientras a los Gobiernos les “sugirió” agilizar la vuelta a su tierra y proporcionar las condiciones más favorables para la “reintegración” en sus comunidades. Por la resolución del tribunal, los inmigrantes beneficiados con este programa serán protegidos más allá de la fecha señalada por el gobierno de Trump. La anunciada conclusión del TPS no desaparece, pero sí habrá mayor oportunidad con la dilación de su fin, de manera que los hondureños con décadas de vivir legalmente en el país con hijos nacidos en la Unión Americana tendrán más oportunidades para buscar otras opciones legales mediante las cuales obtener la estancia permanente alejando así la pesadilla de las redadas, de la separación forzosa de la familia, de la negación de trabajo y de las presiones continuas de la “migra”. Las argumentaciones contra las políticas antinmigrantes, en concreto del TPS, evidenciaron las razones “racistas y nacionalistas” para anular el beneficio migratorio, pues los niños con nacionalidad estadounidense tendría que decidir salir del país o separarse de sus padres, explicable en el ambiente de cero tolerancia no de la Constitución norteamericana. “Seguirá la lucha”, ha reaccionado el Departamento de Justicia que apela para mantener su férrea posición a la seguridad nacional.