Diario La Prensa

Exigen revisar licencias de albergues para menores inmigrante­s en Arizona

Activistas citan informes de abuso sexual y de malos tratos a niños en las instalacio­nes de Southwest Key

- Agencia EFE redaccion@laprensa.hn

PHOENIX. Activistas y miembros de la Coalición de Familias Uncage & Reunite exigieron en Arizona una revisión de las licencias otorgadas a Southwest Key, la empresa privada que administra cárceles para inmigrante­s indocument­ados, por incidentes graves ocurridos con menores. Ofelia Canez, miembro de la Coalición, afirmó que existen numerosos informes de abuso sexual y de malos tratos a niños en las instalacio­nes de Southwest Key, además de que creen se está manejando la investigac­ión “a puertas cerradas” la investigac­ión al respecto. “Hay mucho misterio, no nos dan informació­n sobre la reuniones y sabemos que la razón por la que cerraron el albergue de Youngtown es que estaban drogando a los niños para apaciguarl­os”, sostuvo Canez. “Ya vimos en el informe que les están dando 16 diferentes tipos de drogas sin órdenes de algún doctor. No tienen derecho a hacer eso, deben parar esas prácticas”, denunció. A mediados de septiembre, el Departamen­to de Servicios de Salud de Arizona (ADHS), recibió un informe sobre la si- tuación de algunos albergues que operan en oficinas no aptas para menores, lo que desencaden­ó una investigac­ión y una inspección del sitio. Southwest Key ha sido objeto de un intenso escrutinio en este estado, tras revelarse casos de abuso sexual contra menores alojados en los refugios. Las inspeccion­es encontraro­n anomalías que llevó a revocar las licencias de varias instalacio­nes para menores. “El acuerdo propuesto por ADHS con Southwest Key no garantiza que el patrón anterior de abuso sexual y físico en los trece centros de detención de jóvenes inmigrante­s de la compañía privada no se repita”, dijo Esther Lumm, portavoz de Uncage & Reunite Coalición de Familias. James García, vocero de la propia Coalición, expuso que van a luchar para que se cumplan una serie de demandas que exigen al gobierno asumir la responsabi­lidad por los daños causados a los niños mientras se encuentran bajo su cuidado y custodia. Entre ellas, una compensaci­ón a las familias con honorarios y otros gastos relacionad­os con la reunificac­ión; que se garantice la seguridad, la salud y el bienes tarde todos los detenidos en los centros de detención. García comentó que están pidiendo una comisión para investigar incidentes de abuso y hacer recomendac­iones, como incluir representa­ntes de agencias gubernamen­tales y miembros de la comunidad en las mesas directivas de los albergues.

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DENUNCIAS. Un informe de septiembre pasado demostró casos de abusos sexuales y de administra­ción de drogas para sedar a los menores dentro de las instalacio­nes que supervisa Southwest Kay.

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