Salto a una mejor vida

Sin ninguna duda, las intenciones de los miles de hondureños que han iniciado una larga y peligrosa caminata hacia los Estados Unidos son legítimas, pues tienen derecho a buscar otros derroteros y una mejor vida. Ellos aducen que han abandonado el país por falta de trabajo y por la violencia en las calles, las extorsiones, la desigualdad y la falta de oportunidades que los ha hecho pasar hambre y muchas vicisitudes adversas. Las fotografías que nos muestran de este éxodo de connacionales han sido impresionantes por haber desbordado los pasos fronterizos de Guatemala y México, provocando tensiones y una verdadera crisis humanitaria sin precedentes. Esta caravana, compuesta por hombres –algunos en sillas de ruedas-, mujeres y niños, ha implorado a los países de paso que los dejen atravesar, aun con el condicionante del presidente Donald Trump de suspender las ayudas y militarizar la frontera sur si el Gobierno mexicano no hace nada por detenerlos. Los migran- tes han alegado en su descargo que no son delincuentes, sino que personas humildes con el ánimo de trabajar. Los delincuentes, han expresado, son los políticos que han saqueado a Honduras, manteniéndola al borde del colapso y la iniquidad. Se supone ipso jure que los refugiados, de acuerdo con la ley internacional, son migrantes, como los de la caravana, que huyen de su país por las condiciones de extrema pobreza, violencia e inseguridad derivada de las maras y la delincuencia común, lo que los ha obligado, como ellos lo afirman, a cruzar las fronteras de esos dos países pretendiendo llegar a los EE UU en busca de su seguridad, protección y empleo, por lo que deben ser reconocidos y beneficiados con un asilo humanitario, cuyo estatus está regulado por la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, que establece sus derechos y garantías. La protección legal a que están sujetos estos compatriotas les debe garantizar no ser rechazados ab initio, como lo pretende el señor Trump, y deben en revancha tener acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente, como lo refieren tímidamente las autoridades mexicanas, y en general al respeto de sus derechos humanos básicos que les permita entrar al país de destino en condiciones dignas y seguras, tal como es la aspiración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresada en casos similares. El presidente Hernández y los funcionarios de la Cancillería, en vez de señalar sesgadamente a terceros como los responsables de la expatriación de estos compatriotas como parte de una conspiración contra su Gobierno, debería sustentar con decoro y dignidad una posición jurídica a través de los canales diplomáticos para que se mantengan incólumes los derechos de los migrantes hondureños en su larga travesía o, en su caso, crear las políticas y las condiciones para que no abandonen el terruño.

“migrantesdeben serbeneficiados