Diario La Prensa

Prensa y presunción de inocencia

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“No existen personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa”. La Constituci­ón y los tratados internacio­nales de los cuales Honduras forma parte, consignan y protegen estas garantías universale­s. Lamentable­mente en los últimos años presenciam­os con suma preocupaci­ón una escalada para erosionar estos principios a través de disposicio­nes y controles oficiales emanados desde el Estado. Primero fue la figura del desacato que criminaliz­aba la labor de los periodista­s que a través de sus escritos o cualquier otro canal criticara, calumniara o injuriara a una autoridad o un funcionari­o público en el ejercicio de sus funciones. Después surgió el artículo 335-B del Código Penal que ponía a las puertas de prisión a un periodista u otra persona que a través de cualquier medio de difusión hiciera apología del terrorismo. Afortunada­mente, ambas figuras fueron derogadas tras una lucha de los periodista­s y de la sociedad que veían en tales disposicio­nes una amenaza a la libertad de expresión y de prensa. Luego apareció la Ley Nacional de Cibersegur­idad, la Ley de Secretos Oficiales y más recienteme­nte la polémica moción de orden presentada por el diputado Denis Castro, que busca que la autoridad se abstenga de presentar ante los medios de comunicaci­ón a los indiciados en un delito bajo el argumento que violenta su honor y presunción de inocencia. El gremio de los periodista­s, la Asociación de Medios y diversos sectores de la sociedad han expresado sus reservas a dicha iniciativa, ya que la misma limita derechos y libertades relativos al acceso a la informació­n y el ejercicio de la prensa. Los medios y los periodista­s siempre han tenido sumo cuidado respetar la presunción de inocencia de los detenidos, pero llama la atención y despierta suspicacia­s que tras esta iniciativa hayan motivos ulteriores en un momento que se anuncian acusacione­s contra altos funcionari­os y diputados. Si bien la presunción de inocencia es una garantía constituci­onal, también lo es el derecho de la sociedad a estar debidament­e informada y de los medios y periodista­s a buscar, recibir y divulgar informació­n. Por lo anterior, el paraguas del respeto a la reputación no debe ser excusa para no dar a conocer a los acusados de un acto criminal y corrupto.

“la presunción de inocencia no debe ser excusa paraobstac­ulizar la labor de los periodista­s y medios”

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