EUA: negarán la residencia a inmigrantes que gocen de beneficios públicos
Son afectados quienes se beneficien de subsidios para vivienda, seguro de salud Medicaid y bonos para comprar alimentos
WASHINGTON. Estados Unidos anunció ayer nuevas normas que negarán la residencia definitiva o la ciudadanía a inmigrantes que se beneficien de ayudas sociales. “Una vez que esta norma sea implementada y sea efectiva a partir del 15 de octubre, los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas, esto va a ser considerado como un factor negativo al examinar su caso”, dijo en rueda de prensa Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la Casa Blanca. Esta nueva reglamentación va a afectar los procesos para recibir la nacionalidad de millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos mal pagados y que dependen de ayudas sociales para vivir.
Entre las ayudas designadas están los subsidios para vivienda, el seguro de salud público Medicaid y los bonos para comprar alimentos.
“Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Para el Gobierno estadounidense, “el presidente Donald Trump está reforzando una ley ya existente para evitar que los extranjeros dependan de los programas de ayudas sociales”. El Gobierno de Trump defiende una línea dura contra la inmigración irregular y uno de los ejes de su mandato ha sido el proyecto de construir un muro en la frontera con México, una iniciativa que lo llevó a una dura pugna con el Congreso.
En Estados Unidos hay cerca de 22 millones de extranjeros que residen legalmente en el país.
La regla entrará en vigor
60 días después de su publicación este miércoles, en el Registro Federal. La medida se da luego que autoridades estadounidenses realizaran la mayor redada contra inmigrantes en el estado de Misisipi, la semana pasada, que culminó con la detención de 680 personas.
Aunque algunos inmigrantes fueron liberados, deberán comparecer ante un juez que determinará su situación legal y si deben ser deportados.
No quieren cargas. La norma reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como green cards (“tarjetas verdes”), o de algunos visados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer la versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
Así, el Gobierno podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.