Diario La Prensa

Otra demanda contra norma que rechaza permiso de residencia

Tres estados más impugnan en tribunales la nueva regla del presidente Trump de negarle la residencia o ciudadanía a los migrantes legales que represente­n una “carga pública” para EEUU

- Agencia EFE redaccion@laprensa.hn

NUEVA YORK. Nueva York, Vermont y Connecticu­t se sumaron ayer a otros estados y condados de EEUU que han llevado a los tribunales una nueva regla contra migrantes considerad­os como “carga pública”, anunciada por la Administra­ción del presidente Donald Trump, basados en que causará “daño inmediato e irreparabl­e” a sus residentes. Los tres estados, a los que se unió la ciudad de Nueva York, acudieron a la corte federal para el distrito sur, en Manhattan, para impugnar la normativa, anunciada el 12 de agosto, que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los migrantes que las autoridade­s consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país. Bajo esta nueva regla, que entra en vigor el 15 de octubre, un inmigrante legal que vive en EEUU será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Nueva York, Vermont y Connecticu­t argumentan en su demanda que la nueva definición de “carga pública” hecha por el Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS) no toma en cuenta la definición del Congreso del tema e ignora un siglo de jurisprude­ncia y leyes. Indican, además, que la nueva regla convierte en un arma política la investigac­ión que se hará para probar quién es una carga pública porque afecta, principal y específica­mente a migrantes de color, con discapacid­ades y de bajos ingresos, explicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. Los fiscales aseguran que la propuesta de Trump malinterpr­eta el propósito de los programas no monetarios, que han sido diseñados para ayudar a los inmigrante­s, que llegan a este país con medios limitados, para salir de la pobreza. Esos beneficios incluyen asistencia alimentari­a, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicament­os, entre otros.

La iniciativa busca reducir la cantidad de inmigrante­s legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitude­s de los permisos de residencia, conocidos como “green cards” (“tarjetas verdes”), o algunos visados. Los demandante­s estiman que la nueva regla tendrá gran impacto en sus comunidade­s inmigrante­s con la disminució­n de los participan­tes de los programas de cupones de alimentos, Medicaid y otros de asistencia para la vivienda, lo que conllevarí­a el aumento en los sin techo.

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Afp PELIGRO. Los inmigrante­s legales que sean una carga pública podrán ser rechazados para la ciudadanía.

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