El juicio de Tony Hernández
Después de 11 días de testimonios de peligrosos narcotraficantes que operaron a sus anchas y en total impunidad en Honduras y que hoy enfrentan penas en cárceles de EEUU, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable al exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, por cuatro cargos en su contra, entre ellos, narcotráfico, portación de armas de alto poder y falso testimonio. Los fiscales que acusaron a Tony Hernández en el juicio, que se inició el 2 de octubre, se basaron en su mayoría en el testimonio de varios traficantes, entre quienes figuraron los jefes de importantes clanes narcos, quienes declararon que Hernández les brindaba protección y manejaba los cargamentos de drogas. Además, durante el juicio salieron a relucir los millonarios sobornos que se concedieron a diputados, reconocidas figuras políticas, policías y militares, y también las grandes aportaciones de dinero que varios de los jefes narcos supuestamente aportaron para la campaña política del Partido Nacional en las elecciones de 2009, 2013 y 2017 que llevaron a la presidencia a Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
En sus argumentaciones, los fiscales configuraron a Honduras como un narcoestado, es decir, un país en donde sus instituciones se confabularon con los grandes barones de la droga para proteger, escoltar y llevar a Estados Unidos los grandes cargamentos procedentes de Suramérica. El mediático juicio, que acaparó por dos semanas la atención nacional y mundial, puso al descubierto como las instituciones públicas fueron coptadas e influenciadas por el poder y las riquezas del narcotráfico, que encontró en muchos funcionarios y políticos a sus principales aliados.
El presidente Juan Orlando Hernández salió al paso de los señalamientos de los fiscales estadounidenses y rechazó que Honduras se haya convertido o configurado en un narcoestado y puso como ejemplo los esfuerzos realizados a lo largo de su Gobierno para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, incluyendo la extradición de muchos de esos capos de la droga. Aunque muchas de las revelaciones que se dieron durante el juicio eran un secreto a voces en Honduras, fue necesaria la intervención de la justicia estadounidense para desenmascarar esta poderosa red de tráfico de drogas que dejó una estela de corrupción y muerte en la última década en el país. Esto también dejó en evidencia las enormes falencias y debilidades del sistema de justicia hondureño y de sus principales operadores que no actuaron con la debida diligencia para procesar y enjuiciar a estas personas que corrompieron el sistema político y sus instituciones públicas. Este caso debe convertirse en un parteaguas en el país que permita adecentar los partidos políticos, fortalecer y profundizar los controles en las campañas electorales y sobre todo lograr que los operadores de justicia alcancen su independencia y la capacidad necesarias para atacar a las redes criminales que operan dentro y fuera del Estado.
“este caso debe convertirse en un parteaguas en el país que permita adecentar los partidos políticos”