NO RENOVAR A LA MACCIH PIDE EL LEGISLATIVO
El informe leído anoche en el pleno del Congreso Nacional señala que el convenio con la Misión “viola derechos, garantías y principios constitucionales” La comisión que evaluó su trabajo recomendó no renovar a la Maccih por otros cuatro años El informe
TEGUCIGALPA. La Comisión Especial Multipartidaria del Congreso Nacional recomendó anoche al Poder Ejecutivo no renovar el convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), debido a “múltiples violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales”.
El documento de más de 30 páginas, que fue leído y aprobado en la sesión de anoche, contiene el informe de las consultas realizadas a diferentes instituciones del Estado que debían de trabajar de la mano con la Maccih, así como los hallazgos y recomendaciones de la información remitida por los titulares de estas dependencias. El informe fue elaborado por los diputados Felícito Ávila (presidente de la Comisión), Leonor Osorio, Walter Chávez, Juan Carlos Ávila, Sergio Figueroa, Erik Alvarado y Dunia Ortiz. Tres de sus integrantes renunciaron la semana anterior.
Al final de la lectura, el informe fue sometido a votación alcanzando 71 votos a favor y 57 en contra. El informe quedó aprobado y se enviará al Poder Ejecutivo como insumo para que tome una decisión. Después de realizar un amplio recuento de los hechos que derivaron en este planteamiento, los congresistas concluyeron que se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la ley. “Por lo que respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos derivados de los informes presentados a esta Comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto irrespeto de la ley y convenios internacionales: no se renueve el actual convenio Honduras-oea que creó dicha Misión”. Coincidentemente, horas antes del informe la Cancillería de Honduras emitió un comunicado en el que fustigó el pronunciamiento de la embajada de Estados Unidos en el que planteó la renovación del convenio de la Maccih.
En el documento, la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional informó que todas las instituciones requeridas para efectos de esta investigación remitieron la información solicitada a excepción de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Maccih.
La Ufecic envió un oficio informando que no está facultada para facilitar la información requerida por este Poder del Estado y en el caso de la Maccih, “no se obtuvo ningún tipo de comunicación o justificación para no atender el requerimiento de información”, lamentaron.
Entre otras cosas la comisión estableció lo siguiente:
No se pudo conocer el presupuesto ejecutado por la Maccih durante los cuatro años hasta el día de hoy, porque la Misión se negó entregar esta información para conocimiento de la población. Tampoco se pudo determinar los criterios utilizados por la Maccih en la selección de casos en los cuales participa, sin embargo, es de público conocimiento que no existe ninguna acción judicial en los casos: caso IV Urna o Carretillazo; avión jet narco dejado abandonado en Toncontín; caso sobornos Hondutel funcionarios “a” y “b”; caso Injupemp; todos ellos del periodo 2006-2010 y que formaban parte del listado original de 12 casos que le fueron entregados. Sumado a ello, tampoco existe acción judicial en los casos referentes al Fondo Departamental 2006-2010, caso denunciado por el exadministrador de Casa Presidencial Rafael Barahona sobre pagos ilegales efectuados a exministros de ese periodo de Gobierno y personas allegadas, sobornos pagados para la aprobación del Alba y Petrocaribe, manejo irregular de fondos de la estrategia de reducción de la pobreza, entre otros. Igualmente, por la desobediencia a la entrega de información por parte de la Misión, no se pudo determinar por qué razón en el caso conocido como “Red de Diputados”, aunque aparecen en la parte inicial del requerimiento fiscal, fueron excluidos de la condición de acusados 5 diputados de la entonces bancada del Partido Libre. A criterio de la Comisión ha existido una flagrante violación en la secretividad de las investigaciones que realiza la Misión, pues es de público conocimiento que sus propios voceros han revelado de forma ilegal, nombres y casos que están en procesos de investigación, al grado que se le ha entregado fotocopias de documentos relacionados con periodistas internacionales, ejemplo de ello lo que ha denunciado la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) cuando se ha revelado de manera ilegal, información bancaria de personas.
La Comisión concluyó que las acciones de la Maccih han violentado la independencia de órganos como el Tribunal Superior de Cuentas, de investigación (Ministerio Público) y de juzgamiento, al grado que se ha denunciado presión ilegal a jueces, incluso hacia los integrantes del más alto Tribunal del país. También indicaron que la creación de tribunales anticorrupción, y designación de sus jueces y funcionarios bajo un proceso con participación de la Misión ha derivado en denuncias de parcialidad, al grado que las resoluciones emitidas en la primera instancia de este circuito en su mayoría han sido revocadas o sustituidas. También denunciaron con carácter de ilegalidad la participación de extranjeros en actividades que son exclusivas de autoridades hondureñas como allanamientos, secuestros de documentos, presencia en audiencias judiciales y posterior a estas el uso de redes sociales para presionar las resoluciones que deben tomar los jueces después de suspendidas dichas audiencias.
La Comisión concluyó que ha existido una violación al principio de legalidad por parte de los miembros de la Misión, cuando se desconoce abiertamente por parte de estos, la vigencia de leyes y decretos y el respeto que toda autoridad debe tener por esta legislación. “A 4 años de funcionamiento de la Misión, los logros obtenidos y que son de público conocimiento son muy escasos, pues existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, de Derechos Humanos de los acusados y el estado de inocencia de las personas”, afirman los legisladores. Finalmente, la Comisión al igual que países cooperantes reconocen los esfuerzos y logros alcanzados por el Ministerio Público y el Poder Judicial para reducir los índices de impunidad, fortaleciendo la investigación penal, capacitando a los funcionarios, e implementando reformas institucionales, en el combate a la corrupción; esfuerzos que merecen el apoyo presupuestario constante del Congreso Nacional.