El Beliceño, pieza clave en el rapto de garífunas
Hasta el momento, el Ministerio Público desconoce si Júnior Rafael Juárez Mejía, quien es mestizo, es Rafael Juárez, buscado en Belice por el asesinato de un guía turístico en 2014
TRIUNFO DE LA CRUZ, TELA. El llamado “allegado a la comunidad”, Júnior Rafael Juárez Mejía (de unos 33 años), un ladino que sería un prófugo de la justicia beliceña, es el cabo suelto que podría esclarecer las causas y el destino de los cuatro garífunas raptados, junto con él, en esta aldea situada a 7 kilómetros de Tela. Durante la madrugada del 18 de julio, individuos armados con vestimenta similar al uniforme de la Dirección Policial de Investigación (DPI), según organizaciones garífunas, raptaron a Alberth Snider Centeno Tomas (27 años), Suami Aparicio Mejía García (29), Gerardo Mizael Rochez Cálix (38), Milton Joel Martínez Álvarez (39 años) y el “allegado a la comunidad”, Júnior Rafael Juárez Mejía, conocido en Belice como Rafael Juárez.
Aunque algunos habitantes de esta aldea le llaman también “el beliceño” a la quinta víctima, el Ministerio Público, según Elvis Guzmán, portavoz de esa entidad en la zona norte, no ha logrado establecer su nacionalidad y tampoco los nexos con organizaciones criminales.
Diversas versiones. En medio de la campaña “Las vidas garífunas también importan”, la cual busca emular al movimiento Black lives matter de Estados Unidos, entidades no gubernamentales hondureñas como la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), responsabilizan al Gobierno de Honduras por la desaparición de los cuatro garífunas por causas relacionadas con la defensa de tierras de esta comunidad.
Según Ofraneh, “el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, Snider Centeno Tomas, ha venido desplegando una acérrima defensa de los humedales de Punta Izopo, los que se encuentran a merced de los palmeros, quienes han venido destruyendo los humedales del río Plátano y Gama”. En un comunicado publicado a inicios de este mes, Ofraneh planteó que “a mediados del año pasado, Snider y un grupo de jóvenes de Triunfo de la Cruz intervinieron para frenar la quema de cientos de hectáreas de manglares que venían siendo destruidos para la siembra de palma africana, situación que lo puso en la mira de grupos asociados a los narcos palmeros que controlan gran parte de la costa norte de Honduras. Después de esa y otras acciones recibió varias amenazas, por las cuales él presentó denuncias ante el Mecanismo de Protección en noviembre del 2019”. Organizaciones de protección de derechos humanos como Amnistía Internacional han hecho eco de los reclamos de las entidades garífunas y le han exigido vehementemente al Gobierno realizar investigaciones sobre este caso que conmueve a la comunidad negra del país. “Presidente Juan Orlando Hernández, como jefe de Estado,
es usted la máxima autoridad responsable del país, por eso le pregunto dónde están estas personas. Según testimonios de la comunidad, Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y Júnior Rafael Juárez Mejía han sido víctima de desaparición forzada a manos de fuerzas de seguridad de Honduras. Este sería un crimen del que, en última instancia, señor presidente, usted sería el máximo responsable”, dice Erika Guevara-rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un vídeo publicado en Twitter. Para Hugo Maldonado, presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras (Codeh), “el Estado tiene una responsabilidad con el pueblo indígena y con la comunidad internacional, debe investigar con responsabilidad el desaparecimiento de los hermanos garífunas y otros hechos violentos en los cuales han desaparecido otras cinco personas”. Sin embargo, “no descarto ninguna de las hipótesis que han estado mencionando porque somos humanos. Un pueblo sin comida, sin trabajo… recordemos que ellos viven a orillas del mar. Esa situación los pone en una vulnerabilidad a favor del crimen organizado y narcotráfico. En el Codeh estamos entendidos que los garífunas tienen la sentencia de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si no les han dado las tierras, han hecho negocios con la tierra misma. Aquí no se trata quién tiene la razón, sino de investigar el crimen”, dijo Maldonado.
En los últimos días, dada las versiones que circulan en redes sociales sobre la participación de los raptados en el tráfico de drogas, Ofraneh ha salido al paso para desvirtuar las publicaciones. “La campaña de desprestigio contra los 4 jóvenes garífunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz que se viene dando a través de las redes sociales, no es para nada sorprendente, en un país que se ha convertido en un narcoestado. Las fotos que vienen circulando no son más que fotomontajes, con el propósito de empañar la imagen de los defensores del territorio y otros miembros de la comunidad, que fueron sustraídos de sus viviendas por elementos aparentemente ligados a la Dirección de Investigaciones Policiales (DPI)”, dijo Ofraneh en un comunicado. Recientemente, la cuenta Lo que pasa hn (@loquepasahn504), con cerca de 15,000 seguidores, filtró dos audios de personas que negocian el trasiego de droga entre el litoral atlántico de Honduras y Guatemala. Estos están acompañados de imágenes de Centeno Tomas, con armas, y también de Júnior Rafael Juárez Mejía.
Separado. Pese a que Juárez Mejía es víctima del mismo rapto, las organizaciones garífunas no abogan por su libertad. Tampoco, en gestiones legales, como en la presentación de un recurso de
habeas corpus presentado ante el
Juzgado de Letras de Tela. En ese documento no figura el nombre de este ciudadano capturado en 2018 en este municipio por tráfico de drogas.
De acuerdo con hipótesis de la Policía de Belice publicadas por medios de comunicación de ese país, como The San Pedro Sun, el 6 de marzo de 2014 Juárez Mejía presuntamente participó en el asesinato del guía turístico Jeffrey Eiley, con quien tuvo una discusión minutos antes de que lo tiroteara.
Tras el crimen, la policía informó que Juárez Mejía había desaparecido de la ciudad de San Pedro, ubicada en la isla llamada Cayo Ambergris, cercana a las costas mexicanas, y habría viajado a Honduras donde tenía familiares. En esa isla, según la policía, mantenía vínculos con Moisés Campos, jefe de la pandilla Campos Crips, quien ha controlado el negocio de la droga en esa isla durante muchos años. Esta banda ha disputado la droga que llega por el mar con la organización criminal los Bloods, señala el informe del caso.
Divididos.
En Triunfo de la Cruz, donde no hay presencia policial, la población está dividida respecto a las causas del rapto de los cinco ciudadanos. Algunos son del criterio que efectivamente el crimen podría estar relacionado con la defensa de las tierras y otros piensan que detrás de la desaparición puede estar el narco.
En los últimos cinco años, el consumo y tráfico de marihuana han proliferado en las comunidades garífunas como Triunfo de la Cruz, donde raras veces realizan patrullajes la Policía Nacional dado a diferentes factores, entre ellos la distancia, los bajos índices de violencia (en años anteriores) y los recelos de los habitantes de la comunidad, hasta de los directivos del patronato. Una fuente que solicitó el anonimato le informó a Diario LA PRENSA que en mayo, autoridades locales de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (Fema), Unidad Municipal Ambiental (Uma), IV Batallón de Infantería y organizaciones ambientales ingresaron al Parque Nacional Punta Izopo para confirmar una denuncia de deforestación del bosque, sin embargo, Centeno Tomas intentó obstruir la investigación. “Cuando llegamos el presidente del patronato (Centeno) estaba en el río Plátano y cuando nos miró reaccionó enojado y no quería que continuáramos. Nos dijo que para entrar teníamos que pedir permiso.
Después aceptó porque la Fiscalía le dijo que lo iba a acusar por obstruir las investigaciones”, dijo la fuente.
Desde el año anterior, Centeno Tomas, en compañía de otros ciudadanos garífunas, recorría los caminos que cruzan el parque nacional con el fin, según dijo en una entrevista concedida a Diario LA PRENSA en septiembre de 2019, “para evitar que entren personas que no son dueñas de estas tierras, como los indios, sin ofender”.
En esa ocasión, Tomas, quien dijo llamarse José, le aseguró a periodistas de LA PRENSA que ellos estaban dispuestos a defender con armas la propiedad de las tierras que la Corte Internacional de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) les había confirmado en una sentencia emitida en octubre de 2015.
Sin embargo, admitió que garífunas “por necesidad” deforestan, queman el bosque para cultivar palma aceitera dentro de la zona de amortiguamiento y humedales del Parque Nacional Punta Izopo.
Además de patrullar caminos que serpentean el interior de la reserva para mantener el control de la zona,
Centeno Tomas y su grupo de compañeros vigilaban permanentemente la desembocadura del río Plátano y más de diez kilómetros de playa que todo el tiempo permanecen desoladas por la difícil accesibilidad.