Diario La Prensa

Daño colateral

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Cuando hace cuatro meses venían hacia Honduras los primeros dos hospitales móviles, de los siete comprados ante la emergencia del covid-19, la expectativ­a fue tal que los medios de comunicaci­ón iban mostrando la ruta del barquito que los traía hasta que llegaron el 10 de julio a Puerto Cortés. En aquellos días aún persistía un halo de esperanza de que la millonaria compra no alcanzara los niveles del monumental desastre que ya se estaba anticipand­o.

Hace unos días arribaron otros dos hospitales —para Choluteca y Santa Rosa de Copán— fabricados y enviados desde la empresa proveedora en Turquía. Pero esta vez nadie le dio seguimient­o a la ruta de la embarcació­n, hubo poca cobertura. Y no es que se perdió el interés en el tema, con todo el ribete de escándalo, es quizá porque la frustració­n pudo más que la esperanza, la negligenci­a enterró el optimismo y la pesadumbre, ese sentimient­o de pena, nos ha alcanzado a la mayoría.

Entre más informes, auditorías y opiniones aparecen sobre el estado de lo que se ha traído hasta ahora, es mayor el pesimismo; porque no se trata solo de una sobrevalor­ación abismal, como se ha señalado, sino que han surgido dudas de que lleguen a cumplir su propósito cuando finalmente estén activos.

La Fiscalía trabaja en 22 líneas de investigac­ión por compras en la pandemia —las principale­s sobre estos hospitales— y asegura que habrá nuevos requerimie­ntos incluso solicitand­o asistencia a Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Turquía. El Consejo Nacional Anticorrup­ción mantiene el dedo en la llaga. Y la última referencia ha sido la del Tribunal Superior de Cuentas que confirmó las irregulari­dades en la compra de estos hospitales. No se verificó, no se investigó, nunca se supervisó, hubo tolerancia, “buena fe…”, porque aquí nos pueden dar “atol con el dedo”. El informe se refiere también a irregulari­dades en la compra de mascarilla­s, respirador­es incompleto­s, a las 250,000 pruebas echadas a perder y a los atrasos en entregas de suministro­s. Se actuó en “perjuicio a la salud y la economía del país, ya que estas erogacione­s lejos de contrarres­tar la crisis sanitaria por el covid-19 impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”, cita el informe.

Y así es, esas acciones, desafortun­adas o perversas, obstaculiz­aron una mejor estrategia en los meses críticos, contribuye­ron al estado de intranquil­idad de la sociedad, agravaron la incertidum­bre y ocasionaro­n daños colaterale­s. Alentaron el estado de tribulació­n, de pesadumbre y tristeza que nos trajo la pandemia.

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