EMBARGAN CUENTAS DE LA UNAH
Un juez ejecutor designado por la Sala Constitucional ordenó el embargo de 80 millones de lempiras por cuotas sindicales no enteradas al Sindicato de Docentes UNIDAD DE DATOS E INVESTIGACIÓN
TEGUCIGALPA. La resolución de un juez ejecutor ha puesto en precario la continuidad de la reforma universitaria, el cumplimiento de compromisos salariales, el pago de contratos y la ejecución de proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), luego que decretara, al margen de lo consignado en un fallo de la Sala Constitucional, el embargo de las cuentas de la máxima casa de estudios en el Banco Central de Honduras (BCH) por 80 millones de lempiras. La retención de los fondos se deriva originalmente de un reclamo formulado en abril de 2013 por el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sidunah) para que las autoridades universitarias reconocieran la existencia del referido sindicato y procedieran a trasladar a sus cuentas las retenciones sindicales de los más de 164 afiliados a esa organización gremial. Inexplicablemente, el embargo abarca las retenciones de los 2,650 docentes que laboran para la Universidad, la mayoría de los cuales ya pagan el 1% de cuota sindical al Sitraunah y con el agravante que el 93.2% no están afiliados al Sidunah.
Embargo. Como resultado de este prolongado litigio que derivó en julio de 2015 en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor del Sidunah, el 10 de diciembre del año pasado, el juez ejecutor German Ubaldo Flores Enamorado, designado por ese poder del Estado, ordenó el embargo de 39.3 millones de lempiras de las cuentas de la Unah en el Banco Central de Honduras por concepto de cuotas sindicales dejadas de pagar. Aunado a eso en noviembre de 2020, el mismo juez ordenó a las autoridades universitarias el pago de la cantidad de 41.3 millones de lempiras por ese mismo concepto, el cual se
ejecutará también mediante el mismo procedimiento de em- bargo de las cuentas en el BCH. El anterior y este nuevo embargo ya ocasionan un enorme perjuicio económico a las arcas de la institución educativa en vista de que esos fondos están destinados a pagos de planillas, proyectos y el plan de reforma universitaria, entre otros. La unidad de investigación y datos de Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo al voluminoso expediente del caso que se remonta al año 2013, cuando se crea el Sidunah, durante la gestión de la entonces rectora Julieta Castellanos Ruiz. Según la documentación del litigio, en aquel momento el Sidunah a través de su apoderado legal Jesús Antonio Ferrera solicitó a las autoridades universitarias su reconocimiento como organización sindical representante de los docentes universitarios y a la vez pidió que se comenzará a deducir la aportación sindical del 1% a sus 164 miembros y se trasladara a sus cuentas. En repuesta, la Unah solicitó al sindicato que antes de continuar con el trámite de reconocimiento tenía que subsanar varios aspectos de la solicitud, entre ellas, acreditar la afiliación de los docentes a la orga
Presupuesto
Constitucionalmente a la Universidad le corresponde el 6% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.