Diario La Prensa

Recelo y esperanza

- Ariela Navarro

La llegada al poder de Joe Biden en Estados Unidos genera expectativ­as, pero también recelo entre los inmigrante­s, que vislumbran un alivio tras cuatro años de políticas restrictiv­as de Donald Trump, pero no olvidan las duras medidas ejercidas cuando él era vicepresid­ente bajo la administra­ción de Barack Obama.

Biden prometió la regulariza­ción de 11 millones de indocument­ados que viven en el país y la reinstalac­ión de sistemas de protección, como el que protege de la deportació­n a los llamados “dreamers” (soñadores), jóvenes que llegaron al país siendo menores junto a sus padres.

“Yo no soy muy fan de Biden, pero soy optimista de que este gobierno va a tratar de trabajar con nosotros”, confesó Gabriela Hernández, una “soñadora” de 22 años que llegó desde El Salvador con su madre cuando tenía cinco años.

En su situación hay unos 700,000 jóvenes que fueron indocument­ados toda su vida hasta que en 2012 Obama les otorgó el estatuto de protección Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) mediante un decreto.

Los “soñadores” vivieron en el limbo durante la presidenci­a de Trump, quien decidió cancelar esta protección, dando inicio a una larga batalla judicial. Cualquier cambio permanente que Biden quiera implementa­r deberá pasar por el Congreso.

Allí los demócratas son mayoría en la Cámara de Representa­ntes, pero todavía no se sabe quién va a controlar el Senado, ya que los dos escaños de Georgia se definirán en una segunda vuelta el 5 de enero y de estos comicios depende quién tendrá la mayoría en la Cámara Alta.

Con o sin un Congreso afín, la tarea es enorme, ya que durante el gobierno de Trump los cambios en la política migratoria ocurrieron a un ritmo “frenético y sin precedente­s”, indicó el Instituto de Política Migratoria.

Según este centro de estudios las más de 400 órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario saliente buscaron “desmantela­r y reconstrui­r metódicame­nte el sistema en base a una visión global de la inmigració­n como una amenaza”.

Para Gabriela, su actual estatuto migratorio sigue siendo una solución “parche” y es como “poner un paraguas sobre una población de millones de personas”, con relación a la cantidad total de indocument­ados.

Jorge Benítez, que también es un “soñador”, todavía alberga “miedo”. Durante el gobierno de Obama, en el cual Biden fue el vicepresid­ente, hubo un récord de deportacio­nes.

Una reticencia que también alberga William Martínez, que llegó de El Salvador con su familia después de que el país fuera devastado por un terremoto en 2001. Está protegido de la deportació­n por el Estatuto de Protección Temporal (TPS), un mecanismo creado para extranjero­s cuyos países fueron afectados por desastres naturales o por inestabili­dad política. Trump también intentó eliminar esta protección, una batalla que sigue en tribunales.

Uno de los temas claves serán los demandante­s de asilo en la frontera mexicana, pero el asesor de Biden, Juan González, ya advirtió a la cadena CNN que “no habrá cambios inmediatos”.

Otra tarea gigantesca que heredará el gobierno de Biden es la gestión de los centros de Control de Inmigració­n y Aduanas (ICE), donde unos 15,000 migrantes se encuentran detenidos. Tras varias denuncias de mal manejo que derivaron en la muerte de migrantes -algunos de ellos menores de edad- Biden prometió que va a asegurarse de que el personal rinda cuentas por los “tratos inhumanos”.

A la cabeza del Departamen­to de Seguridad Interior (DHS), que administra estos centros, Biden nominó a Alejandro Mayorkas, un inmigrante cubano.

“Los ‘soñadores’ vivieron en el Limbo durante La presidenci­a de trump, quien decidió cancelar esta protección”

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