Cada 17 horas una mujer pierde la vida de forma violenta en el país
Más del 54% de los crímenes se perpetraron con arma de fuego y en segundo lugar con arma de fuego
El confinamiento derivado de la pandemia del covid-19 ha elevado los casos de violencia contra el sexo femenino, y es que la situación ha obligado a mujeres y niñas a convivir con sus agresores las 24 horas del día, lo que incrementa su nivel de exposición.
Según el observatorio de violencia contra las mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), durante enero el sistema nacional de emergencias recibió a nivel nacional a través del 911, 5,229 denuncias por violencia doméstica, 3,745 por violencia intrafamiliar, 53 por violación y 46 por acoso sexual.
El informe infográfico número siete sobre muerte violenta de mujeres y feminicidios en Honduras del Observato
El índice de impunidad de los delitos supera el 95%. rio Nacional de la Violencia (ONV), expone que entre enero y febrero de este año cada 17 horas con 36 minutos una hondureña perdió la vida de forma violenta, nueve horas menos entre cada hecho en comparación con 2020. El mismo documento expone
que el 54.5% de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego y en segundo lugar con arma blanca.
El 42.4% de las víctimas eran menores de 30 años, con mayor incidencia en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Comayagua y Santa Bárbara. Reacciones. “Honduras, aunque con avances formales y de reconocimiento, sigue estando al inicio de la lista de los países en los cuales las mujeres son asesinadas brutalmente por el hecho de ser mujeres. Siempre vemos cómo la brecha entre la letra escrita y la realidad en vez de disminuir con los años tiende a incrementar”, dijo Gilda Rivera, representante del CDM.
Para saber
Las víctimas fueron mujeres pobres, con pocos estudios formales, desempleadas o con empleos muy precarios.
Migdonia Ayestas, coordinadora del ONV, consideró que la violencia contra la mujer es también un problema de salud pública y por lo tanto no puede ignorarse, por lo tanto debe estar presente en la inversión en materia de seguridad que establece el Gobierno.