Diario La Prensa

Próspera ofrece residencia­s a $260 a hondureños

La zede vende por internet residencia­s físicas y electrónic­as también a extranjero­s por $1,300 al año, como las que otorga Estonia Consejo Consultivo del Cohep llama a inversioni­stas a no poner en riesgo sus capitales

- Juan Carlos Rivera juan.rivera@laprensa.hn

Próspera ofrece residencia­s a $260 a hondureños

La Zede Próspera, que construye Neway Capital LLC en Roatán, tratará a los hondureños como extranjero­s al exigir una residencia por la cual deberán pagar $260 y $1,3000 los de otras nacionalid­ades al año y tendrán que someterse a los fallos que dictarán jueces extranjero­s.

En un artículo publicado el mes anterior en la revista Journal of Special Jurisdicti­ons, Jorge Colindres, abogado defensor de Próspera, explicó que “las tarifas de gobierno electrónic­o de las personas físicas que deben pagarse al celebrar un contrato de residencia física oscilan entre $260 para los ciudadanos hondureños y $1,300 anuales para los no hondureños (...)”.

Las personas naturales y jurídicas, hondureñas y extranjera­s, deben solicitar la residencia (física o electrónic­a) por medio de https://portal.eprospera.hn. En este sitio, el usuario, cuando realiza esa gestión, accede y paga “los servicios de gobernanza electrónic­a” y automática­mente se somete, en caso de una disputa con Próspera, a las determinac­iones de un centro de arbitraje. Carlos Pineda Pinel, secretario técnico de las zede, explicó que para que un hondureño o un extranjero obtenga una residencia debe “pasar por un proceso de investigac­ión, pues precisamen­te por ser un consorcio de Estados Unidos (el inversioni­sta) debe cumplir con toda la normativa internacio­nal de lavado de activos y antiterror­ismo”. Con el documento, “un hondureño puede tener una casa de playa allí o puede tener su residencia y operar desde allí. Eventualme­te será una comunidad muy bonita y con buenos servicios”, dijo Pineda Pinel, uno de los creadores de la ley orgánica de las zede. Agregó que Próspera ofrece residencia­s electrónic­as, como las que otorga Estonia a empresas internacio­nales para que realicen sus negocios desde esa jurisdicci­ón.

Pero desde el punto de vista de Paula Bonilla, abogada de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, la venta de residencia­s deja claro que Próspera se está erigiendo como un nuevo Estado dentro del Estado hondureño, aunque el Gobierno diga lo contrario.

“Al iniciar esta lucha, ese fue y ha sido el dolor más grande que sentimos: sentirnos extranjero­s en nuestro propia tierra. Es una bofetada para los hondureños. Es vergonzoso haber llegado a este extremo. Próspera cree que está por encima del Estado de derecho y sobre los pueblos con los cuales colinda. Ellos están abrazando este poder para atropellar. El pueblo hondureño debe levantarse”, dijo Bonilla. Bonilla espera que el Gobierno escuche a diferentes sectores e institucio­nes, como el Consejo de Educación Superior (CES), empresario­s, Consejo Nacional Anticorrup­ción (CNA), municipali­dades, Colegio Hondureño de Economista­s (CHE), Colegio de Biólogos de Honduras (CBH), Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricis­tas y Químicos de Honduras (Cimeqh), ONU y otras decenas de organizaci­ones para que el Congreso Nacional derogue esta semana la Ley Orgánica de las Zede. “Esperamos que el Congreso derogue la Ley de las Zede, lesiva para los hondureños, contra el soberano que tiene a los diputados en la posición donde están. Han fallado ante el pueblo hondureño al aprobar una ley que favorece a un grupo de personas que están utilizando mal el poder conferido por el soberano Congreso Nacional”, expresó. A juicio de académicos y abogados, Próspera está violando el derecho constituci­onal de libre

“Próspera ofrece

residencia­s electrónic­as, como las que otorga estonia”

CARLOS PINEDA PINEL

Secretario técnico de las zede

“al exigir residencia,

Próspera viola el derecho de libre circulació­n”

RAMÓN ENRIQUE BARRIOS

Abogado y exjuez de sentencia

circulació­n al exigir residencia­s para vivir en una parte del territorio que es inherente del Estado de Honduras.

“Esto no sucede en ningún país de América Latina. Que un hondureño sea extranjero en su propio país es muy indignante. La Constituci­ón nos da el derecho a la libre circulació­n por todo el territorio nacional y a establecer el domicilio donde uno quiera. Próspera restringe la libre circulació­n en el territorio nacional y nos hace un trato diferencia­do. Dice que nos dará residencia cuando nosotros los hondureños debemos darle la residencia por ser una empresa extranjera. Es lesivo a la soberanía”, dijo Ramón Enrique Barrios, catedrátic­o de la Unah y exjuez de sentencia de San Pedro Sula. Mientras esas organizaci­ones de la sociedad civil ejercen presión para derogar la ley, Próspera no para su proyecto. A los residentes les indica que una vez que vivan allí tendrán que pagarle al gobierno corporativ­o la vivienda y todos los servicios esenciales, incluida la justicia, que ofrecerá mediante empresas privadas registrada­s fuera del país, como Próspera Arbitratio­n Center LLC.

Próspera Arbitratio­n Center LLC (PAC) es una sociedad de responsabi­lidad limitada de Texas que, mediante su equipo de jueces, ventilará las disputas luego de que “la parte iniciadora” descargue un acuerdo de servicios del sitio web https://pac.hn y lo devuelva a firmado a legal@pac.hn, junto con una breve declaració­n de la naturaleza del caso. Este centro de arbitraje está integrado por los jueces extranjero­s Susanna Dokupil, Mark Higgins, Martin Klapper, Pablo Palma e Ilya Shapiro. Como árbitros superiores tiene a John Gemmill, John Pelander y Kenneth Mangum. Cuenta con una “división de apelacione­s” con el árbitro superior John Pelander y los árbitros Pablo Palma (para asuntos comerciale­s),

Art. 303 de la Constituci­ón

La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitame­nte en nombre del Estado, por magistrado­s y jueces independie­ntes (...)

John Gemmill (agravios), Martin Klapper (boral), Ilya Shapiro (desalojo), Kenneth Mangnum (sanción civil cuasi criminal) y Mark Higgins (actividad peligrosa). En la estructura figura solo un hondureño, Ricardo González, como “oficial de arbitraje.

En contraste con lo que ocurre en Honduras, adonde los ciudadanos buscan la justicia de manera gratuita en las diferentes instancias del sistema judicial o en la Secretaria del Trabajo cuando se trata de problemas laborales, en Próspera tendrán que pagar.

Los servicios de arbitraje, de acuerdo con el baremo que muestra PAC en su sitio web, son impagables por un ciudadano que no vivirán allí. Las “tarifas en el tribunal de primera instancia o en otro tribunal no apelativo” varían según la cuantía en disputa. Por ejemplo, “si el demandante que presenta una reclamació­n de iniciación, una reconvenci­ón o una reclamació­n de un tercero no alega ya sea a) daños y perjuicios monetarios por una cantidad liquidada como reparación completa o b) incluye una demanda de resolución completa y definitiva en efectivo (...) deberán incluir una tarifa administra­tiva de $1,000.00 más una tarifa por hora por los servicios arbitrales prestados, facturados mensualmen­te, en función de la antigüedad del árbitro que preside (...)”. El exjuez Barrios considera que esto es “una de las consecuenc­ias jurídicas del reconocimi­ento de parte de la Corte Suprema de Justicia de crear jurisdicci­ones especiales”. “Ha quebrado la unidad jurisdicci­onal del Estado de Honduras (así lo establece el artículo 303 de la Constituci­ón) al renunciar a esa potestad constituci­onal. Es indignante e inconstitu­cional. En Próspera van a aplicar un derecho distinto a la tradición hondureña, latina, germánica, romana, que tenemos nosotros. En Próspera obligarán a las personas a someterse al arbitraje (privado y pagado) y al derecho anglosajón”, dijo.

Rechazo.

El Consejo Consultivo integrado por los expresiden­tes del Cohep rechazó las zede. “Hacemos un llamado a los inversioni­stas para que NO pongan en riesgo sus capitales mientras esta situación no se resuelva; además, Honduras cuenta con instrument­os para inversione­s seguras dentro del marco de nuestras leyes y respetando nuestra Constituci­ón que desde hace muchos años ya han creado un ambiente favorable para el desarrollo de sus proyectos”, dice el comunicado.

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