EE UU investigará bienes de funcionarios señalados de corrupción
La encargada de Negocios de EE UU en el Salvador, Jean Manes, dice que analizarán a los 14 implicados en la lista
SAN SALVADOR. La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo ayer que su país averiguará si los funcionarios salvadoreños incluidos en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos” poseen bienes en la nación norteamericana relacionados con ilícitos.
El Departamento de Estado de EE UU publicó el jueves una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre ellos 14 salvadoreños. “Vamos a analizar la lista de 14 que tenemos para averiguar (...) si estas personas tienen propiedades, tienen otras cosas que pudieran estar vinculadas con los fondos ilícitos que han recibido por la corrupción”, señaló en una rueda de prensa. Añadió: “Si alguien tiene propiedades o fondos en los Estados Unidos que nosotros podemos
probar está recibiendo de una forma ilícita, sí podemos tomar acciones legales en los Estados Unidos”. Entre los señalados se encuentran cuatro funcionarios del Ejecutivo de Nayib Bukele, dos de ellos del circulo más cercano al mandatario.
Se trata de Conan Castro, actual secretario jurídico del Presidente, y Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Gobierno. Además del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y del jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza.
La denominada Lista Engel señala que Conan Castro “socavó los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General” el 1 de mayo pasado.
Esta acción fue duramente cuestionada por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos, por considerarse un golpe a la separación de poderes.
La embajada estadounidense en El Salvador señaló en un comunicado de prensa que el Departamento de Estado basó esta lista en “información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, a partir de la información de los medios de comunicación y otras fuentes”. El Gobierno de El Salvador sigue sin dar una postura al respecto.