Piñera y Lasso, en la mira por mención en papeles de Pandora
La Fiscalía chilena abrió ayer una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por la venta de una minera estipulada en los papeles Pandora
SANTIAGO/ QUITO. La Fiscalía de Chile informó ayer la apertura de una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, luego de que la publicación papeles de Pandora revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.
“El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers”, anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. De acuerdo con la funcionaria, “hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios”. El presidente Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, dijo esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente “hace más de 12 años” y que la información publicada -incluida la polémica cláusula- ya era conocida y fue investigada en 2017. De acuerdo con el mandatario, la venta de la minera, que compromete una inversión de 2,500 millones de dólares, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”.
Piden su renuncia. El excandidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, instó al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a que “renuncie” a su cargo por el escándalo de los papeles de Pandora, o a que se inicie un nuevo proceso electoral, al considerar que el mandatario ha perdido toda “legitimidad interna y externa”. “Creemos que debe renunciar o ser destituido por esto, porque ha incumplido la Ley del Pacto Ético, que se aprobó mediante consulta popular en 2017”, dijo Arauz en declaraciones a Efe al referirse a la prohibición de tener propiedades en paraíso fiscal y exigir a Lasso que desclasifique inmediatamente toda la información para “ahorrar meses” de investigación.
Lasso ha asegurado que se deshizo de todos sus activos en 2017 en cumplimiento riguroso de esa ley, y el miércoles ofreció responder a cualquier pregunta de la Comisión de Fiscalización y pidió al contralor general del Estado que valide su declaración patrimonial juramentada antes de asumir funciones.