UE sanciona por un año más a 14 funcionarios de Nicaragua
Unión Europea asegura que han acelerado la represión a opositores
La Unión Europea (UE) prolongó ayer otro año más las sanciones impuestas a 14 funcionarios y empresas de Nicaragua por considerarlas relacionadas con el deterioro de la situación política y social en el país.
El Consejo de la UE (institución en la que están representados los gobiernos de los 27 países europeos) informó en un comunicado que ha extendido el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2022.
Este régimen de sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevaran a cabo “políticas o actividades que socavaran la democracia y el Estado de derecho”. Actualmente, las sanciones de la UE que se aplican a 14 personas están diseñadas “para no perjudicar a la población civil o a la economía del país”, puntualizó el Consejo.
Esas personas han visto congelados sus activos y no pueden acceder a fondos en la UE y no pueden viajar a territorio comunitario.
La UE ha reiterado que la vuelta a un diálogo inclusivo y la democracia en Nicaragua “es la única manera de salir de la crisis política, económica y social” que vive el país centroamericano. Por ello, ha solicitado que las autoridades nicaragüenses pongan fin a la represión de los oponentes políticos, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que garantice plenamente el respeto de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos en el país. En cambio, destacó que el Gobierno de Nicaragua ha “acelerado la represión, prohibiendo partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil y encarcelando a opositores políticos, académicos, periodistas y ciudadanos sin el debido proceso judicial”.
Para la UE, al actuar así, el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo “ha eliminado la posibilidad de cualquier competencia electoral seria” en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, “privando a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano de elegir libremente a sus representantes”.