En siete secuestros vinculan a jefe de “Los Mochadedos”
Los siete miembros de la banda, liderada por Emérito Soriano Zaldívar, fueron remitidos a prisión ayer por un juez de jurisdicción nacional
Como un tipo cruel y violento está perfilado por las autoridades policiales Emérito Soriano Zaldívar, jefe de la banda de secuestradores Los Mochadedos, desarticulada el miércoles al ser capturados siete de sus miembros en Arada, Santa Bárbara.
Soriano Zaldívar, según las indagaciones de la unidad nacional anti secuestros de la Policía, está implicado en al menos siete plagios. Se informó que Emérito Soriano era quien negociaba los rescates con los familiares de los secuestrados. Tenía como “moduso peran-di” cortar les dedos a sus víctimas y enviárselos como prueba de vida a sus parientes cuando exigían el pago del rescate, por eso la llamada los mocha dedos.
El miércoles, cuando las secuestro s apresaron a soriano Zaldívar ya sus seis supuestoscom pinches, rescataron aun empresario que tenían en cautiverio encadenado en una casa de la aldea Poza de Agua, en Arada, Santa bárbara, y por quien exigían 30 millones de lempiras por su liberación. Las autoridades informaron que al momento de solicitar la cuantiosa suma de dinero, los secuestradores enviaron como prueba de vida a su familia un dedo que le cortaron.
Las averiguaciones de la Policía establecen que Soriano ha varias de sus víctimas. uno de esos casos es el del empresario Gustavo Leonel Canahuati, hijo del exregidor sampedrano Juan Leonel Can ah uati. Gustavo fue encontrado asesinado dentro de unos sacos el 10 de diciembre de 2018 en el sector de cofradía. Ayer, Soriano y sus supuestos compinches, cuatro hombres y dos mujeres, fueron puestos a la orden del juzgado de Letras penal con competencia territorial Nacional.
La oficina de Relaciones Públicas del Poder Judicial informó que el juez les impuso la medida cautelarde la detención judicial por considerar los responsables de los delitosde secuestro, asociación para delinquir y por te ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del testigo protegido, los derechos fundamentales de la sociedad y el orden público del Estado de Honduras.