Estemos preparados
Este año que recién inicia conlleva incertidumbre ante la inestabilidad económica y financiera, la crisis alimentaria y energética, con grados diversos de recesión e inflación que afectan a varias naciones desde 2022.
Es muy oportuno el documento elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ofrece un detallado análisis de coyuntura, además de puntuales sugerencias para enfrentar la emergencia que abate al mundo. Honduras no es una excepción al respecto: empresas públicas con crecientes déficit, particularmente la Enee y Hondutel, una auténtica hemorragia que crece día a día; el Banco Central acusando pérdida de 256.8 millones de dólares el pasado año, ente que requiere implementar una política monetaria orientada a alcanzar estabilidad en los precios, controlar la inflación, generar suficientes divisas, fortalecer las reservas internacionales; pérdida de 12,000 empleos en la industria maquiladora; la masa salarial del sector estatal incrementada 20% en el período 2020-2022; el deterioro en las condiciones sanitarias y la renuencia de sectores poblacionales a vacunarse, amén de la escasez de todo tipo de medicamentos en los hospitales públicos.
Generación de empleo, crear un clima propicio a la inversión nacional y extranjera, que implica garantías jurídicas para tal efecto: la ciudadanía está alerta y a la expectativa de una escogencia de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que reúnan indispensables requisitos de capacidad, integridad, independencia, exentos de subordinación ante los otros dos poderes estatales. De no darse este anhelo colectivo, el resultado será la frustración e ingobernabilidad, con un retorno a la politización y parcialismo en la administración de la justicia. Continúa el análisis del Cohep recalcando la necesidad de fomentar la producción, el emprendimiento, las exportaciones, el consumo de bienes fabricados en Honduras, haciéndonos menos dependientes de las remesas que envían nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Agrega la ola de violencia y extorsión que incide particularmente en el sector que genera el 70% de empleo: la micro, pequeña y mediana empresa; las invasiones y usurpaciones a tierras privadas en plena producción agrícola, cuyos autores intelectuales y materiales actúan en total impunidad.
La mejora en la oferta educativa, indispensable para incrementar la producción y productividad, al igual que los ingresos familiares. La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 requiere mayor inversión en educación, salud, seguridad e infraestructura, con “acciones concretas, sistemáticas y sostenibles” en materia ambiental. El actual Gobierno debe estudiar este importante documento para proceder a actuar al unísono con las fuerzas vivas y la sociedad civil, ya que el rumbo y porvenir de la patria nos compete a todos por igual.