Sectores están en contra de la aprobación parcial de la PAE
Cobra vigencia un acuerdo ministerial del secretario de Salud que permite el uso de la píldora a mujeres que sufrieron una violación
TEGUCIGALPA. En los últimos días cobró vigor la autorización del Estado de Honduras para el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) en el caso exclusivo de una violación.
Esto despertó la molestia en sectores de la sociedad que antes impulsaban el uso de la píldora, pues aseguran que no fue lo que prometió la presidenta Xiomara Castro, quien indicó que en su plan de Gobierno legalizaría el uso abierto de este fármaco.
Según el Acuerdo Ministerial número2744,lapromoción,uso,venta y compra de la PAE será solo en casos de víctimas sobrevivientes de violencia sexual.
“Es mandatorio la creación y publicación de los protocolos que permitan estandarizar la atención integral inmediata y de calidad a las personas víctimas de violencia sexual en los servicios de salud públicos, sin ningún tipo de discriminación”, señala el escrito. Este acuerdo entró en vigor a partir del 20 de enero de 2023 con la autorización del ministro de la Secretaría de Salud, José Matheu, quien desde el 31 de octubre de 2022 la aprobó bajo la petición. Merly Eguigure, representante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, manifestó estar en contra de la manera en que se aprobó la PAE.
La píldora anticonceptiva de emergencia es considerada
por diversas organizaciones e iglesias como medicamento que provoca abortos en mujeres que las usan. Otros sectores sostienen que su uso debe ser abierto en el país para evitar embarazos no deseados. Cada píldora está compuesta por levonorgestrel, el cual tiene hasta un 95% de eficacia durante las primeras 24 horas después de una relación sexual.
“El hecho de que se haya aprobado la píldora anticonceptiva no es el compromiso que hizo la presidenta Castro para las mujeres hondureñas, esa es una aprobación a medias que más bien contribuye a estigmatizar a las mujeres víctimas de violación”. Agregó que esto hace que las mujeres sean obligadas a denunciar una violación, cuando ellas no quieren hacerlo, ya que siempre se discrimina.
“No nos alegra eso a medias, eso debe de revisarla el Gobierno y hacer una liberación del mercado totalmente en el país”, expresó Merly Eguigure.
Marta Lorena de Casco, presidenta de la asociación Provida, aseguró que la aprobación de la PAE es una apertura para despenalizar el aborto.
“Es una respuesta a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), los grupos abortistas y feministas, ellos saben perfectamente que deben tener una apertura en este país para empezar la despenalización del aborto, tal como es el objetivo de estos grupos”, enfatizó.
Casco afirmó que utilizar la violación como una excusa para introducir la PAE es indignante. Rigoberto Velásquez, párroco de la iglesia Cristo Rey y Santa Cruz de Tegucigalpa, reiteró que esta situación es lamentable, pues la pastilla del día después es abortiva, y eso es pecado.
tados aseveraron que habían aceptado los fondos para ejecutar proyectos de pavimentación, proyectos de agua, etc.
Justifica que estas subvenciones otorgaron a los diputados “con fines de utilidad pública, como instrumento de desarrollo social, para el departamento representado por cada congresista”. En otro apartado se indica que entregaron otros dos millones de lempiras por concepto de donación a instituciones sin fines de lucro.
Durante diciembre, el titular del Legislativo, Luis Redondo, reconoció que había entregado a los congresistas -afines a él- un bono navideño de cien mil lempiras para realizar proyectos en sus comunidades.