Coincidencias del Gobierno con el FMI
BIO TAN IMPORTANTE EN LA IGLESIA CATÓLICA COMO EL DE AHORA QUE DIVIDE A LA HONDURAS CATÓLICA EN DOS PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS: LA DEL NORTE Y LA DEL SUR”
Desde 1916 cuando el papa Pio X decidió mediante una bula pontificia que la Iglesia de Comayagua dejara de ser sufragánea de Guatemala, nunca se había producido un cambio tan importante como el que se acaba de anunciar. La Honduras católica se divide en dos provincias eclesiásticas: la del norte y la del sur. Con dos arzobispados a cargo de clérigos capaces y con experiencia que asumen sus sillas episcopales, dispuestos a enfrentar los retos que tiene el catolicismo de Honduras: la pérdida de la clase media, el distanciamiento de los sectores populares y el avance del protestantismo. El fin -por lo demás natural y legal- del liderazgo del cardenal Rodríguez Maradiaga es el principio de una nueva época en la que los obispos católicos deberán asumir los nuevos desafíos con reformas oportunas en lo referido a la predicación, la aproximación a la realidad y a un nuevo discurso pastoral, encarnado existencialmente en los problemas que enfrentamos los católicos en el diario vivir.
La liturgia católica es inmensamente bella, pero no es suficiente. Urgimos, además, de la palabra del pastor, la compañía suya al lado de sus ovejas – de todas, al margen del nivel económico, la clase social o la militancia política- compartiendo con ellas el frío, la soledad, pero también el seguro amanecer de la palabra que nos trae buenas nuevas. La Iglesia Católica hondureña tiene pocos oradores sagrados. Manejan mejor el discurso evangélico los predicadores protestantes que, incluso, muestran más conocimientos de psicología aplicada y más proximidad a los fieles al extremo que ganan en cuanto se refiere al manejo de los medios alternativos de comunicación. Sus metáforas son más cercanas al reto de la vida y tienen más habilidad de vincular la palabra de Dios con la existencia que siempre es un reto, especialmente, en estas condiciones de inseguridad en que vivimos.
“DESDE 1916 NO SE HABÍA PRODUCIDO UN CAM
Aun cuando el actual Gobierno no demuestra interés en firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), resulta bastante curioso que varias de las declaraciones del personal de ese organismo financiero mundial coincidan a la perfección con el actual discurso de las autoridades económicas de nuestro país. Así, por ejemplo, en un reciente artículo escrito por los analistas Gustavo Adler, Nigel Chalk y Anna Ivanova, todos pertenecientes al FMI, mencionan “que los bancos centrales no deben reducir su determinación de bajar la inflación y que la política fiscal “deberá enfatizar el gasto social para apoyar a los pobres al mismo tiempo que reduce la deuda pública”; algo bastante similar a lo expresado por la representante de la Secretaría de Finanzas de nuestro país, en un prestigioso programa matutino de televisión. Los analistas aludidos agregan que: “alcanzar estos objetivos requerirá la movilización de ingresos de manera progresiva, favorable al crecimiento y equitativa. La confianza en el Gobierno seguirá siendo socavada mientras los ricos no paguen su parte justa en impuestos”; estas expresiones calzan a la perfección con lo sostenido públicamente por la representante de Finanzas, quien ratificó la decisión de la presidenta de la república, Xiomara Castro, de enviar “al Congreso Nacional una Ley de Justicia Tributaria que, sin crear nuevos impuestos, evite los ‘abusos de los regímenes de exoneraciones’ y faciliten los trámites en la administración pública”. Para los analistas del FMI: “Las tensiones sociales ciertamente se exacerbaron durante la pandemia. Las personas más pobres, en particular las que trabajan en servicios presenciales, fueron las más afectadas por las consecuencias económicas. Si bien el apoyo del Gobierno ayudó, muchos no pudieron aislarse por completo del impacto negativo, como lo demuestra el notable aumento de la pobreza”; sin embargo, lo que más les preocupa consiste en que “el creciente descontento social y la disminución de la confianza en las instituciones públicas ha sido una tendencia importante en la región desde hace algún tiempo”. Aun con las coincidencias mencionadas, los estudiosos del FMI también expresan que: “A pesar de las “dificultades evidentes”, las políticas “deben centrarse en asegurar la estabilidad económica, estimular el crecimiento y la creación de empleo, apoyar el espíritu empresarial y atender las necesidades sociales apremiantes que enfrentan muchas personas en la región”. Esto difiere bastante en lo relativo a los cuatro primeros enunciados, ya que para el actual gobierno lo prioritario son “las necesidades sociales apremiantes” de la población, porque su atención les garantiza enormes dividendos políticos. Personalmente no entiendo la política gubernamental de suprimir todas las exoneraciones fiscales, las cuales apenas representan un 7% del PIB, mientras el Presupuesto General del Gobierno para el presente año asciende al 47.3% del PIB. ¿Acaso no conviene reducir el gasto del Gobierno? Los datos oficiales de las exoneraciones del período 2015-2019, revelan que un 28.6% corresponden al “impuesto sobre la renta” y 19% al “impuesto sobre ventas”; sin embargo, entre ellas hay muchas que benefician a los ciudadanos de clase media.
“ENVIARÁN AL CONGRESO NACIONAL UNA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA QUE, SIN CREAR NUEVOS IMPUESTOS, EVITE LOS ‘ABUSOS DE LOS REGÍMENES DE EXONERACIONES’”