Aumento al peaje se pagará con ganancias del Gobierno
La concesión de la carretera CA-5 ha dejado millonarios beneficios
TEGUCIGALPA. El Gobierno pagará el subsidio al peaje de la carretera CA-5 norte de los ingresos que le genera la misma concesión, por medio de la Tasa Única de Día Concesionado (TUDC), informó ayer Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Marvin Megal, experto en asociaciones público privadas (APP), explicó que el Gobierno dejará de percibir los ingresos que le daba la concesión. Ahora, esos recursos serán asignados como un subsidio para los usuarios pagando a la Concesionaria Vial de Honduras (Covi). Esto se genera porque el contrato ya establece un ingreso mínimo garantizado (IMG), y como hay más tránsito de lo acordado originalmente, se generan excedentes a favor del Gobierno. De ahí le van a pagar a Covi, es decir, que el Gobierno va a dejar de recibir parte de sus ganancias y las va a destinar a recompensar lo que se debería estar cobrando por cada uno de los pases en el peaje. Melgar consideró que no es una mala práctica, especialmente, si se quiere ser equitativo con respecto a la distribución de las ganancias.
El problema es que el Gobierno podría utilizar estos recursos para mejorar otras vías terrestres, perdiéndose la esencia del concepto de los peajes.
Acumulado. Octavio Pineda, por su parte, explicó que en la concesión hay una bolsa de recursos, que ya lleva aproximadamente entre 300 a 320 millones de lempiras, la cual será la salida para pagar a Covi lo acordado.
Además, se aplicarán multas a la concesionaria por incumplimiento del contrato, mismas que serán deducidas para ir solventando el compromiso del congelamiento de las tarifas. El funcionario dijo que como no se aumentó la tarifa en 2021, 2022 y 2023, se debería pagar un aumento del 22% con base en la cláusula 9.4 del contrato. Según Covi, los montos adeudados rondan entre 170 a 172 millones de lempiras, es decir, unos 5.6 a 5.8 millones de dólares, cuantificó Pineda. No obstante, para establecer esas cifras correctamente se debe hacer la revisión por parte de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP).