Crisis de representación y legitimidad
Los partidos políticos hondureños, históricos y emergentes, enfrentan una evidente crisis debido a las prácticas autoritarias y clientelistas de sus dirigencias, su renuencia a reformarse y depurarse y a practicar la democracia interna careciendo de horizontalidad en la toma de decisiones, definición de estrategias, elección de dirigentes, formulación del programa electoral, designación de cargos directivos, incoherencia entre lo ofrecido durante la campaña y lo cumplido una vez en el poder. La no satisfacción de necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, seguridad, empleo, costo de vida, ciertamente no son condiciones favorables para que la población pueda desempeñar un papel activo como ciudadanos (as). La falta de solución a los problemas cotidianos que diariamente golpean a nuestros compatriotas pasan factura durante los procesos electorales y después de los mismos.
Ya lo ha advertido el PNUD: la persistencia de la pobreza en Honduras bien puede constituir la mayor amenaza contra la democracia a largo plazo. No deben olvidar las cúpulas partidarias que los representantes electos están al servicio de una ciudadanía soberana y no al contrario.
Las consecuencias: desencanto y apatía de las bases, creciente abstencionismo electoral de la ciudadanía, erosionando la legitimidad de los partidos; entre más alto es el número de compatriotas que no asiste a las urnas, más desacreditadas van a estar futuras elecciones, ya que la participación ciudadana al ejercer el derecho al voto revela su nivel de confianza en el sistema. La ciudadanía, por medio de las organizaciones sociales, debe exigir el rendimiento de cuentas y la transparencia en el ejercicio de la función pública mediante auditorías sociales periódicas. No se trata solamente de evitar y combatir la corrupción y el abuso de poder, también de poder ejercer control sobre la gestión gubernamental, a efecto de mejorarla y adecuarla a las necesidades y problemáticas concretas de la población. El control social implica que la legitimidad de la decisiones políticas también depende de su legalidad: que no existan motivaciones de interés privado por encima de las preocupaciones de interés colectivo. El monitoreo político constituye otra modalidad de control social, fundamentado en que lo prometido debe cumplirse.
El dilema para la totalidad de los partidos políticos hondureños consiste en reformarse o perder las posibilidades de acceder al poder, tan solo vegetando y subordinándose a los dictados emanados del Ejecutivo de turno y a los poderes fácticos dominantes en determinado momento.