Poder Judicial y MP seguirán con raquítico presupuesto
De las entidades que forman el sistema judicial, solo Seguridad tiene un presupuesto robusto, el Poder Judicial no logra el porcentaje constitucional
SAN PEDRO SULA. El sistema judicial hondureño, engranaje responsable de disuadir, perseguir y castigar el delito, operará en 2024 con un presupuesto levemente superior al asignado en los tres años previos (2021, 2022 y 2023) frente a un alto nivel de impunidad y mora judicial. Del Presupuesto General de la República, que asciende a 407,137,469,634 lempiras, la Secretaría de Seguridad operará con L11,651,738,277 (equivalente al 2.86%), el Poder Judicial con 3,897,386,234 lempiras (0.96%) y el Ministerio Público con L2,479,283,987 (0.61%). Los tres sectores suman L18,028,408,498, equivalente al 4.43% del Presupuesto General de la República. El año anterior, el Congreso Nacional les aprobó alrededor de L15,000 millones (4.04%); en el primer año de gobierno de Xiomara Castro, en 2022, L13,087,055,557 (3.6%) y en el último año de la administración de Juan Orlando Hernández, L11 mil millones (4.09%). La Secretaría de Seguridad, de una asignación de 6,970,580,428 lempiras (equivalente a 2.41% de un presupuesto general de L288,871,117,115) en el último año de Hernández, pasó en 2024 a recibir un aumento de 4,681,157,849 lempiras (respecto a ese año) para alcanzar los L11,651,738,277. Mientras el presupuesto del Poder Judicial pasó de L2,724,882,804 (2021) a L3,897,386,234 (2024) y el del Ministerio Público pasó de 2,105,475,158 de lempiras (2021) a L2,479,283,987 (2024). Abogados consultados por Diario LA PRENSA dijeron que debido a que el Ministerio Público “sigue con un bajo presupuesto, esa institución no tiene la suficiente capacidad técnica, científica y logística para investigar el delito y reducir la impunidad”. Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y aspirante a presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), explicó que “los porcentajes para el Poder Judicial están determinados por la Constitución, le corresponde un 3%, y un porcentaje similar al Ministerio Público”. Lamentablemente, dice, el bajo presupuesto provoca “una tasa alta de impunidad de 90%, es decir, de 10 casos, el Ministerio Público logra resolver solo uno y los demás quedan en etapas sin concluir por falta de personal y tecnología”.
El Poder Judicial, igualmente, según Solórzano, necesita el porcentaje constitucional o más recursos económicos para contar con más personas y recursos tecnológicos que permitan una administración eficiente de la justicia, sin embargo, de “de los tres poderes del Estado, este poder siempre es visto como la cenicienta”.
“DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, EL PODER JUDICIAL SIEMPRE HA SIDO VISTO COMO LA CENICIENTA”
Pese a que la Constitución de la República le ordena al Congreso Nacional aprobar un presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público, siguen siendo entidades que operan con limitaciones económicas pese a ser eslabones importantes para investigar el delito y reducir la impunidad.
Al instalar la tercera legislatura, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, llamó a los diputados a cumplir con el mandato de la Constitución, pero no logró el objetivo porque ya habían aprobado el presupuesto sin el porcentaje requerido. “Agradezco y aprovecho este espacio para solicitarles muy respetuosamente el cumplimiento de la asignación presupuestaria constitucional de al menos el 3% de los ingresos corrientes de la república, con el propósito de dar una respuesta pronta y efectiva a la demanda de justicia en el país; reafirmando nuestro firme compromiso de estar a la altura de nuestras responsabilidades y ser capaces de superar cualquier diferencia, para poder escribir una nueva página en la historia del Poder Judicial, que contribuya al desarrollo y bienestar social que merece esta bella nación”, dijo ante los diputados. El fin de semana, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció por la red social X que están “en camino” vehículos blindados Black Mamba Sandcat, comprados con el presupuesto de 2023, que la Policía Nacional utilizará para atacar el crimen organizado, como las maras y pandillas.
Estos vehículos tácticos, fabricados por la compañía mexicana TPS Armoring, y de blindaje ligero son utilizados por el gobierno de El Salvador para librar la batalla contra las maras y pandillas. En México los emplea la Policía en operaciones contra el narcotráfico. La presidenta Xiomara Castro, en un mitin realizado en Tegucigalpa para celebrar dos años de gobierno, defendió el nuevo presupuesto y dijo que hubo aumento para “todos los sectores sociales, educación, salud, seguridad y grupos vulnerables”. Agregó que “hoy hay una verdadera reducción de la pobreza en nuestro país”.