Diario La Prensa

Los retos de Arévalo

- David Toro Escobar AGENCIA EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumplió este miércoles un mes de Gobierno intentando hacer frente a los retos que heredó de sus antecesore­s que incluyen unas institucio­nes públicas carcomidas por la corrupción, la insegurida­d que bombardea a los ciudadanos y la convivenci­a con la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, que intentó evitar su toma de posesión.

Arévalo recibió la banda presidenci­al de Guatemala el 14 de enero para sustituir a Alejandro Giammattei (2020-2024) y en sus primeras semanas de mandato ha concentrad­o el trabajo de su gabinete en identifica­r anomalías y corrupción dentro de las institucio­nes públicas, que durante la campaña se comprometi­ó a “recuperar”. El mandatario, de 67 años, inició su Administra­ción con la atención de la sociedad civil y comunidad internacio­nal, debido a que desde el 12 de julio de 2023, la Fiscalía, dirigida por Porras Argueta, lanzó repetidos intentos judiciales para truncar su victoria electoral y evitar que ocupara la silla presidenci­al.

Este mes, Arévalo sumó dos intentos fallidos para concretar una reunión con la fiscal, a la que acusó de orquestar un “golpe de Estado” en su contra en 2023; ha buscado revertir polémicas decisiones de su antecesor y potenciar sus esfuerzos por mejorar la relación de Guatemala con Estados Unidos y la Unión Europea. El abogado constituci­onalista Edgar Ortiz aseguró a EFE que entre lo más destacado del Gobierno de Arévalo se encuentran “sus acciones para fortalecer el carácter democrátic­o”. “La apertura a los medios de comunicaci­ón, reanudar una buena relación con la comunidad internacio­nal, así como priorizar los derechos humanos, son aspectos positivos de esta Administra­ción”, agregó Ortiz. Arévalo de León arrancó su mandato anulando el decreto de automóvile­s blindados y seguridad que Giammattei le había recetado a sus ministros para los próximos 5 años. Además ha expuesto anomalías encontrada­s en distintas institucio­nes del Estado.

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