Mipymes exigen incentivos para pasar a la formalidad
En los últimos seis años, el Gobierno ha aprobado dos leyes para incentivar la legalización de los pequeños empresarios; pero han sido temporales y no han tenido el impacto esperado
SAN PEDRO SULA. Aunque en los últimos años han entrado en vigor leyes para favorecer a la mipyme, no han tenido el impacto deseado, esto porque no son normativas permanentes ni abarcan los principales retos que tienen los pequeños empresarios, como la falta de financiamiento, excesiva tramitología y el escaso acceso a mercados. Conforme a estimaciones, en Honduras operan más de 268,000 micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mayoría micros y pequeñas que operan desde la informalidad.
Al inicio de la pandemia, en 2020, cerraron varios negocios, pero surgieron otros que centraron sus ventas por internet, sobre todo en redes sociales. Entre 2022-2023 ante los altos índices de desempleo, los que no optaron por la migración irregular abrieron pequeños negocios con un capital promedio de
5,000 lempiras. Registrados en la base del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en la zona noroccidental figuran 28,497 personas jurídicas (empresas) y 37,972 comerciantes individuales. Las seis principales actividades registradas por estos contribuyentes en la oficina noroccidental ubicada en San Pedro Sula son ventas al por menor de productos nuevos o usados en puestos de venta y mercados, ventas al por mayor de enseres domésticos, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, actividades de médicos y odontólogos, construcción de edificios y viviendas y actividades de consultoría de gestión (prestación de asesoramiento a empresas).
En los últimos cuatro años (2020-2023), la oficina noroccidental del SAR ha documentado el cierre de 406 empresas, 129 de ellas en 2022.
Nuevos beneficios. Para Efraín Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), la Ley de Apoyo a la Mipyme, que venció en noviembre de 2021, contenía un muy buen beneficio, que era la exoneración de impuestos por cinco años; sin embargo, era una ley temporal que llevaba mucha tramitología que le restaba tiempo del beneficio.
En este Gobierno se aprobó la Ley de Recuperación y Reactivación Económica de la Pyme, con vigencia de un año, que también contenía beneficios fiscales, pero hay que señalar que en ambas leyes, que incluían la exoneración del pago de impuestos municipales, las alcaldías incumplieron con la ley y no aplicaban el beneficio. “Necesitamos una ley más amplia y permanente con beneficios reales para las mipymes que motiven a la informalidad a pasarse a la formalidad”, declaró Rodríguez. Victorino Carranza, presidente del Sector del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), no quita el dedo del renglón y reitera que ya existe una ley que si se cumpliera impactaría en miles de nuevos empleos. Se trata de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Mipyme, aprobada en 2008, que describe la promoción de sus productos, financiamiento, acceso a créditos, apoyo para exportar, programa de capacitaciones y compras del Estado al sector; sin embargo, nunca se ha cumplido.