El Gobierno no logra parar la ola creciente de invasiones de tierras
Los invasores no son campesinos, son individuos que responden a intereses particulares
SAN PEDRO SULA. A pesar de que el año pasado creó una comisión especial integrada hasta por entidades policiales y militares, el Gobierno está perdiendo la batalla ante la creciente ola de invasiones de tierras privadas que han estado destinadas a la agroindustria.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) registran hasta febrero la usurpación de más de 42,000 hectáreas (más de 60,000 manzanas).
El 80% de se encuentra en el departamento de Colón. En junio de 2023, la presidenta Xiomara Castro creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra integrada por un fiscal especial, juez con jurisdicción nacional, director del Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de la Propiedad (IP) y miembros de otras entidades para que resuelva los conflictos agrarios, pero después de más de medio año los problemas se han intensificado.
Nelson Ponce, abogado especialista en temas agrarios, considera que el problema se ha profundizado “por falta de aplicación de la ley y por el irrespeto al Estado de derecho”.
“El Estado no ha podido responder al sector campesino para que acceda a la estructura de la propiedad rural, a la estructura agraria, y tampoco ha respondido a las personas que son del sector empresarial agronindustrial”.
Como el Estado no ejerce la acción tutelar, no garantiza el acceso a la tierra y el respeto a la propiedad privada, aparece un tercer grupo de personas “que no son campesinos y que no son empresarios, estos son invasores de tierra que de una u otra manera responden a intereses particulares”. Comprender y resolver este problema “no es complejo”, pues “es producto de la falta de aplicación de la ley contra personas que cometen usurpación de tierras y otros delitos, como el hurto” y los derivados de acciones violentas, dijo el abogado. Explicó que el campesino, organizado de manera colectiva e individual, no comete el delito de usurpación, pues la Ley de Reforma Agraria le garantiza el acceso cuando presenta una solicitud de afectación y concluye con el proceso de adjudicación de parte de la autoridad competente.
“El campesino no invade tierras, el campesino presenta la solicitud de afectación de tierras y entra a la tierra hasta que se le es adjudicada”, dijo.
Hasta noviembre de 2023, Cohep cifró en 46,802 hectáreas (66,384 manzanas) el área invadida en 17 municipios de Cortés, en Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Yoro, La Paz, Choluteca y Francisco Morazán.
Esa organización empresarial considera que hubo un incremento de 119% de tierras invadidas: pasaron de 21,150 hectáreas a 46,805 en un período de nueve meses. Las empresas afectadas (de los sectores agrícola, agroindustrial, manufactura y eléctrico) generan cerca de 220,000 empleos.
Personas afectadas por las invasiones estiman que la comisión creada por la presidenta ha sido incapaz y el tiempo se le ha escapado en reuniones. Mientras, Ramiro Medina, también abogado especialista en temas agrarios, ha manifestado ante medios de comunicación que hasta febrero de 2024 hay más de 70,000 manzanas invadidas.
Ramiro Medina dice que estas invasiones “es un modus vivendi para muchas personas y hay crimen organizado” detrás del fenómeno que se ha agudizado por la “demasiada lentitud para hacer un desalojo”.