Cecilia Córdoba
Así le llaman ahora en Transparencia Internacional (TI) a la versión global de este flagelo que según la organización que la mide desde hace más de veinte años, en los últimos tiempos ha “mutado cualitativamente”.
¿Por qué ha cambiado y es cada vez más peligrosa? Porque como bien indica el presidente de TI, el peruano José Ugaz, la corrupción global “involucra a actores políticos y empresariales muy poderosos, moviliza gigantescas cantidades de recursos y dinero, trabaja a través de canales del crimen organizado, y se mantiene impune por el poder de sus actores”.
Efectivamente la corrupción muta y se adapta a los nuevos tiempos. Lo hace a escala global, pero también regional y local. Centroamérica no es la excepción. Aquí, más allá de las diferencias en cuanto a cifras y sofisticación de las operaciones frente a otras latitudes, la corrupción se percibe cada vez más amplia y profunda.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó en septiembre el libro La Corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, una investigación que detalla los casos más relevantes de Guatemala, Honduras y El Salvador y plantea cómo el saqueo de los recursos públicos se traduce en un robo de oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida para la población.
En Honduras, la corrupción entre 2007 y 2014 representó el 4.3% del PIB y el 95% de los casos se relaciona con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Según Icefi, esto significa, entre otros, casi el 70% del presupuesto destinado a salud y cerca del 35% del dirigido a educación.
En El Salvador, el dinero perdido (entre 1989 y 2017) equivale en costos actuales a 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, 1.25 veces el de justicia, cerca del 95% del presupuesto para salud y el 60% del destinado a educación.
En Guatemala, Icefi analizó los casos más relevantes entre 2008-2017. Para cuantificar los costos, se identificaron los rubros del presupuesto público más vulnerables; luego se aplicó el supuesto técnico de una pérdida promedio del 20% por corrupción. Así, en un año las pérdidas equivaldrían a: cuatro veces el presupuesto del Ministerio Público o el 74% del presupuesto de salud pública y asistencia social, entre otros.
Las cifras son alarmantes y tienen la capacidad de asignarle datos al clamor cada vez más sentido que la sociedad civil (fundamentalmente en Guatemala) hace a sus gobernantes y líderes. Y no solo en el Triángulo Norte, ya que conocemos en Panamá, Costa Rica y República Dominicana casos de corrupción que tienen en alerta a las instituciones de justicia y a la ciudadanía.
Así como no respeta fronteras, la corrupción tampoco es exclusiva del sector público. De acuerdo con Icefi, cerca de 149 investigaciones en 18 países de Latinoamérica dan cuenta de que en el 80% de los casos está involucrado el sector privado. Los datos solo lo confirman: la corrupción es un cáncer que frena el desarrollo y Centroamérica un paciente al que le urge un tratamiento efectivo, la pregunta es, ¿cuándo iniciamos?