Batalla por vacunas exacerba la desigualdad
Acceso global, equitativo y asequible, demandan expertos en la oferta de vacunas contra Covid-19. En la realidad, las potencias globales acaparan las dosis, agudizando la crisis de salud en Latinoamérica derivada de la pandemia.
A 16 meses del inicio de la pandemia de coronavirus que golpeó al mundo entero y puso en jaque los sistemas sanitarios y las economías, solo algunos países están pudiendo regresar a la vida previa. Son los que pudieron acceder a un número significativo de vacunas e inmunizar velozmente a su población.
El acceso a la única alternativa de “normalización” se viene debatiendo en los organismos internacionales que reclaman más equidad. El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, planteó que “la mayor prueba moral que encara la comunidad global es la equidad en la distribución” y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-iweala, definió como “absolutamente esencial” que no se interpongan barreras y restricciones en un momento en el que las “herramientas contra la pandemia son escasas”.
A fines de mayo, América Latina y el Caribe superaron el millón de muertes por coronavirus y la región es una suerte de campo de batalla en la distribución de vacunas, ya que hay intereses geopolíticos involucrados. Rusia y China avanzan con sus laboratorios y hay países que presionan para que también Estados Unidos comparta su oferta.
VACUNAS Y GEOPOLÍTICA
El analista de política internacional Claudio Fantini señala que la coordinación en la entrega de vacunas terminó convirtiéndose en una suerte de tablero de ajedrez en el que las superpotencias “juegan sus fichas de posicionamiento geopolítico internacional”. En esa línea entiende que China y Rusia avanzan en un “intento” de ganar territorio en Latinoamérica. Esa es la región, fuera de sus propios países, donde más dosis colocaron. La otra es el exbloque del Este europeo.
Las dificultades para el acceso a las vacunas por parte de los emergentes y países pobres no sólo terminarán exacerbando las desigualdades económicas y sanitarias globales, sino que también serán un obstáculo para terminar con la pandemia. Aunque los líderes globales coinciden en esos puntos, las soluciones no llegan. Meses antes de que los primeros laboratorios pusieran sus dosis en el mercado, las potencias globales se garantizaron el acceso a millones de dosis. Por ejemplo, Estados Unidos encargó por anticipado 800 millones y el Reino Unido, 340 millones.
Hasta ahora se han repartido 1.700 millones de dosis en el mundo. El valor es de entre US$10 y US$20 y, por el momento, los compradores sólo son los Estados nacionales. Hay tres vías que pueden utilizar: directamente
a las farmacéuticas; a organismos regionales como lo hace la UE y al Covax.
El Covax –impulsado por la OMS y la Alianza para las Vacunas GAVI- nació a comienzos de este año como un fondo especial para llevar vacunas a los países pobres. Sin embargo, cuando los contagios empezaron a escalar en India la iniciativa quedó en jaque. El programa, hasta mayo, entregó 72 millones de dosis cuando en sus planes originales esperaba haber repartido 238 millones. El mayor problema que enfrenta es que el Instituto Serum de India sería su gran proveedor, pero suspendió las exportaciones por la crisis en su país de origen. Tampoco las donaciones de naciones ricas llegaron en la escala proyectada.
Y, por si fuera poco, terminaron compitiendo con el Covax en la compra a los laboratorios. El diseño original contemplaba que los más pudientes comprarían al fondo dosis para inmunizar al 10% de su población; el Covax las adquiriría a los laboratorios. Esas operaciones más las donaciones conformarían el fondo para subsidiar los más pobres. Centroamérica recibió las primeras en marzo, pero la velocidad de entrega se ralentizó.
De acuerdo con la lista publicada por GAVI, son 18 los países latinoamericanos beneficiados (Cuba quedó afuera). Hasta mayo se estimó repartir (y no se cumplió) a: Brasil (9,1 millones) y México (5,5 millones). Argentina recibirá 1,9 millones de dosis; Perú, 1,2 millones; Chile, 818.000; Ecuador, 756.000; Bolivia, 672.000; Paraguay, 304.000; y Uruguay, 148.000. Venezuela no figura porque “los datos no están muy claros”. En Centroamérica los cálculos eran 218.000 dosis para Costa Rica; El Salvador (225.000), Guatemala (724.000), Honduras (424.000), Nicaragua (432.000), Panamá (184.000) y República Dominicana (463.000).
“El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”, afirma Soledad García Muñoz responsable de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), la oficina que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
OFERTA DE VACUNAS Y PARA QUIEN
En el mundo hay al menos 73 vacunas en marcha contra el Covid-19, según el rastreador dirigido por un equipo de epidemiólogos de la Universidad Mcgill (Estados Unidos), aunque sólo 14 están empleándose alrededor del mundo.
El 31 de diciembre la OMS autorizó la inclusión en la “lista para uso en emergencias” (EUL, por sus siglas en inglés) de la de Pfizer; el 15 de febrero, las dos versiones de la vacuna Astrazeneca/oxford; el 12 de marzo sumó la Janssen (Johnson & Johnson).
El 1 de mayo, OMS autorizó la vacuna de Moderna (de la biotecnológica estadounidense del mismo nombre), que ya había sido aprobada en Estados Unidos en diciembre y con una licencia condicional de la Unión Europea; el laboratorio planea producir 1.000 millones de dosis.
La Sinopharm, desarrollada por Grupo Farmacéutico Nacional de China, respaldado por el Estado fue aprobada en mayo; del mismo origen es la Sinovac, producida por la biofarmacéutica del mismo nombre, con sede en Pekín, autorizada en junio por la OMS.
La OMS mantiene pendiente de aprobación la Sputnik V, desarrollada por el estatal Instituto de Investigación Gamaleya y el Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, financiada por el Fondo de la Riqueza Soberana de Rusia (RDIF); si bien 50 países solicitaron acceso según la información oficial y se fabricará también fuera de Rusia. La Covaxin, de la india Bharat Biotech International, fue aprobada “de emergencia” en su país de origen en el arranque del año.
En Latinoamérica se sigue con atención el trabajo que realiza Cuba que está aplicando su vacuna –la primera concebida y elaborada en la región- desde marzo al personal sanitario. Desde mayo, Soberana 02 y Abdala (producidas por el Instituto Finlay y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, respectivamente) son ofrecidas a la población; se requieren tres dosis. Hasta el momento no cuentan con ninguna aprobación de una agencia de regulación en salud.
LIBERAR PATENTES, ¿SI O NO?
En medio de la escasez de vacunas, se debate la propuesta de suspender la propiedad intelectual de las vacunas contra la Covid-19, una idea que tiene el apoyo de varios países –entre ellos Estados Unidos y Rusia- y que apunta a que así se aceleraría el proceso de producción.
Por supuesto, los laboratorios rechazan de plano la posibilidad. El grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de EEUU (PHRMA), que engloba fabricantes como Astrazeneca, Pfizer y Johnson & Johnson, considera que “debilitará aún más las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas”.
La discusión se planteó después que India, la UE y Estados Unidos plantearan que antes de exportar los
Centroamérica recibió las primeras en marzo, pero la velocidad de entrega se ralentizó. “el acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”, afirma soledad garcía muñoz, de la Cidh
Las dificultades para el acceso a Las vacunas por parte de Los emergentes y países pobres, terminarán exacerbando Las desigualdades económicas y sanitarias, y serán un obstáculo para terminar con La pandemia
fabricantes locales deben cumplir el abastecimiento en territorio.
Los europeos echaron mano al “Mecanismo de Autorización y Transparencia” por el que los laboratorios que producen en sus países -Astrazeneca, Biontech/ Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson- deben pedir autorización para exportar dosis hacia países fuera del bloque; el planteo se hace en el país donde está la planta, pero la decisión final es de la Comisión Europea en función de que se evalúan las necesidades del destino por su cantidad de casos, estrés sanitario y tasa de vacunación. La medida no se aplica al fondo Covax.
Pese a esos antecedentes, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari, sostuvo que los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes ya que están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias.
En esa línea la decisión es fomentar acuerdos sobre licencias de explotación entre desarrolladores de vacunas y compañías farmacéuticas, una cooperación que ya existe a nivel global pero que ve necesario incrementar.
Juan González Saborido –abogado, docente universitario y coordinador del Seminario Permanente de Investigación “Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador (USAL) de la Argentinaapunta que, en el caso del Covid-19, hay una importante inversión pública para que las vacunas salieran rápidamente. Según datos de Policy Cures Research, hasta octubre pasado se destinaron US$ 9.177 millones para la investigación básica y el desarrollo de diagnósticos, terapias y vacunas. El 92% de los recursos invertidos eran de presupuestos públicos: Estados Unidos (48% del total); Alemania (12%); Reino Unido (8%); Canadá (7%) y la Comisión Europea (4%), entre otros.
Para González Saborido la idea de liberar las patentes y compensar económicamente a sus propietarios, “no atenta contra el esquema de incentivos, ni mucho menos pretende debilitar el sistema capitalista. Surge, simplemente, como una respuesta sensata y eficaz ante una situación excepcionalmente extraordinaria. Si se consideran las altísimas externalidades positivas que se generarían acelerando el proceso de producción e inoculación masiva, la iniciativa puede justificarse, incluso, desde la ortodoxia económica”.
Mariana Mazzucato, catedrática de Economía de la Innovación y el Valor Público y directora del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College
London (UCL) y autora de ”El valor de las cosas: ¿Quién produce y quien gana en la economía global?”, afirma que el precio de las vacunas debe reflejar tanto la importante contribución pública a su desarrollo cuanto la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global.
A su criterio, hay que “introducir en cambio condiciones concretas que permitan la gratuidad de las vacunas en el lugar de uso. Las autoridades también deben considerar la aplicación de licencias obligatorias para que los países puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y tecnologías disponibles”.
En un artículo que escribió junto a Els Torreele, director ejecutivo de Médicos sin Fronteras, señala “cualquier programa de desarrollo de vacunas debe incluir desde el primer momento condiciones que garanticen un acceso global, equitativo y asequible. De ese modo la inversión pública se estructurará no tanto como una mera subvención o corrección de fallos del mercado, sino más bien como una fuerza configuradora del mercado proactiva y orientada al interés público”.
“Las demandas de liberación de las patentes relacionadas con las vacunas no aumentarán el suministro en ni una sola dosis a corto plazo, porque pasan por alto la complejidad de la fabricación de las vacunas e ignoran hasta qué punto los fabricantes de vacunas y las empresas farmacéuticas y los países en desarrollo ya cooperan para aumentar la capacidad de vacunación”, dijo en una entrevista a DW Thomas Cueni, director General de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos