La pírrica victoria de Morena en San Lázaro

Ahora que fue aprobada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, comenzará la verdadera revuelta en la administración pública federal. De entrada, la burocracia nacional ya estaba más que nerviosa con el anuncio de López Obrador de reducir la plantilla laboral y descentralizar a las Secretarías de Estado.

Nunca se dijo cuántas plazas serían recortadas; sólo se habló de generalidades, es decir, de terminar las relaciones laborales con el personal de honorarios y con quienes tenían contratos por tiempo determinado.

Lo de la descentralización comenzó como una bola de nieve, y ahora nadie se acuerda; parece que alguien en el equipo del Presidente electo entró en razón.

Pero lo de las remuneraciones sí causará ajustes y desajustes.

La ley que se aprobó en lo general –hasta el momento de redactar estas líneas seguía la discusión en lo particular- aplicará a todos los servidores públicos de los tres Poderes con todas las complicaciones que ello traerá.

Imagínese a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, cuyas percepciones mensuales superan los 500 mil pesos verlas reducidas a 100 mil pesos porque la ley establece que “nadie puede ganar más que el Presidente de la República’’.

El tope salarial, si se aprueba en sus términos en lo particular dicha ley, quedará en 108 mil pesos mensuales; de ahí para abajo se fijarán salarios de secretarios de Estado, subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, magistrados, es decir, todo aquel empleado federal, estatal o municipal cuyo trabajo sea brindar un servicio a la población.

La historia en México ha demostrado que reducir los salarios no es una medida que combata la corrupción; por el contrario, la incentiva.

López Obrador redujo a la mitad los salarios de los trabajadores del entonces Distrito Federal cuando fue jefe de Gobierno, y como nunca se disparó la corrupción.

Puede ser que la medida le signifique al Gobierno un ahorro de algunos cientos o miles de millones de pesos, pero el costo puede ser mucho más alto: desde incentivar la corrupción hasta provocar la renuncia de funcionarios de larga trayectoria capaces, preparados y honrados –que también los hay, y muchos.

Quizá ésta sea la primera victoria pírrica de Morena en San Lázaro.

Aunque los líderes de Morena han repetido hasta el cansancio que no avasallarán con su mayoría al resto de los partidos, están haciendo justo lo contrario.

Ayer durante la discusión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los diputados de Morena subían a tribuna a rebatir las reservas que en lo particular habían hecho el PRI, PAN y PRD.

Los legisladores lopezobradoristas utilizaban su tiempo en tribuna en cualquier otro tema, menos en el que estaba a discusión.

Cuando la oposición le pidió a la presidenta en turno de la sesión, Dolores Padierna, que reconviniera a los diputados de su bancada y los instruyera para que se apegaran al tema, la ínclita legisladora respondió que ella no era nadie para decirle a los diputados qué tenían que decir, que respetaba su libertad de expresión.

De ese nivel la discusión.

En el fondo, Morena buscaba evitar a toda costa que la ley sufriera una modificación porque entonces tendría que ser devuelta al Senado para su aprobación; querían que llegara, hoy, al Ejecutivo para su promulgación.

Al cierre de este espacio seguía la discusión en lo particular.

Pero, si Morena se hubiera salido con la suya, ¿el presidente Enrique Peña se atrevería a promulgarla?

Es pregunta.