Se suman voces a favor de investigadores

Los ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT) así como 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México se manifestaron en contra de las ordenes de aprehensión, solicitadas por segunda ocasión, por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Luego de que un juez negara en dos ocasiones las órdenes de aprehensión a la Fiscalía y esta dependencia anunciara que las solicitará por tercera ocasión, seis ex coordinadores del FCCT aseguraron que la labor de dicho organismo siempre ha estado apegada a la ley.

En una carta firmada por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, los investigadores aclararon que el FCCT “no es un empresa privada, como lo señaló la FGR”, toda vez que fue creado por mandato de ley en 2002, con la intención de que fuera un espacio que albergara las opiniones de la comunidad científica como un ente autónomo.

“La actual administración del Conacyt buscó desconocer la autonomía legal de este ente jurídico pese la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología. Además, a partir de junio de 2019, incumplió la obligación establecida en el artículo 38 y se negó a otorgar el financiamiento requerido para su funcionamiento”, por lo que la Mesa Directiva del FCCT decidió promover un amparo, señalaron.

En tanto, las 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México también calificaron de infundadas las acusaciones de la

Fiscalía General de la República (FGR).

“Sin fundamentos probatorios, los científicos fueron acusados, según la FGR, por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a la entrega de recursos por parte del Conacyt para el funcionamiento del foro consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología”, refirieron.

Los científicos son acusados de cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades; por los cuales podrían tener penas de entre 20 y 40 años de cárcel.