Lo que existe detrás de las cifras de seguridad

El prejuicio en materia de seguridad podría estar llevando a un sesgo en la interpretación de las cifras oficiales. La última encuesta del Inegi señala que la percepción de inseguridad ha bajado del pico de 73.4% en marzo del año pasado a 64.5% en septiembre de este año.

Y a muchos extraña el dato de que haya bajado -3.3% la cifra de homicidios dolosos en los nueve meses de 2021, con respecto a 2020.

Estos datos deben analizarse a la luz de un reacomodo en los grupos delictivos en sí mismos y en sus zonas de influencia territorial. El informe de seguridad del 20 de octubre revela que 50% de las víctimas del homicidio doloso se concentran en seis estados (18.7% del total) y en 50 municipios (2% del total).

Ello quiere decir que la incidencia delictiva ha disminuido en buena parte de la República y de ahí el por qué existe una disminución sensible en la percepción de inseguridad.

Los datos del informe de seguridad revelan una tendencia decreciente de la incidencia delictiva del fuero federal y una meseta en las cifras de homicidios dolosos rompiendo en enero de 2019, su tendencia alcista. Estos datos no indican que la inseguridad haya sido vencida, sino que estarían revelando más bien que la actividad de seguridad ha ido recuperando paulatinamente el control territorial.

Tampoco son datos consolidados que pudieran asegurar una disminución definitiva de la actividad delictiva; en todo caso, sí estarían reflejando una menor potencialidad criminal que pudiera acreditarse en el último año y medio a la menor actividad productiva y social por la pandemia. Asimismo, estos datos podrían ilustrar la oportunidad gubernamental para ir recuperando la presencia disuasiva de las autoridades. El informe muestra un despliegue total de fuerzas de seguridad de 318 mil 671 efectivos federales, 89% en despliegue efectivo.

En todo caso, la preocupación debe centrarse en que la reactivación económica y social pueda aumentar la actividad delictiva.

ZONA ZERO

El dato de inseguridad más preocupante es el de la persistencia de los feminicidios o agresiones en función del género, dejando la impresión de que tenemos una política de seguridad machista. Las autoridades son muy reacias a atender la seguridad en perspectiva de género. La Segob de Sánchez Cordero dejó un enorme pasivo en materia de feminicidio.