● La agroindustria es un importante caso de éxito económico del país, sin apoyo público ni grandes reformas recientes.
Sin necesidad de reformas especiales o amplia inversión pública, el campo mexicano atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia.
Era marzo de 2010 y ocurrió un hecho que pasó casi inadvertido. Por primera vez en la historia del país las exportaciones agropecuarias rebasaron los mil millones de dólares en un solo mes.
En marzo, pero de una década antes, las ventas al exterior de productos agropecuarios habían sido de 570 millones de dólares, y en el mismo mes de 2017 ya fueron de mil 677 millones, la mayor cifra de la historia para un solo mes.
Entre 2000 y 2010, se logró una tasa de crecimiento anual promedio en las exportaciones agropecuarias de 6.4 por ciento, que ya era elevada, pero en los últimos siete años, el ritmo subió hasta alcanzar 8.8 por ciento al año.
Pocos sectores de la economía tuvieron un éxito tan espectacular y sostenido como el sector agroexportador que, quizás por estar lejos de las ciudades, no ha recibido la atención que tienen otros rubros de la economía que han destacado en los últimos años.
Sin embargo, la agricultura se ha convertido en una parte fundamental de la economía mexicana moderna.
Lo destacable es que ese crecimiento no derivó de una reforma estructural como la que hubo recientemente en el sector energético ni de un aumento extraordinario de la inversión pública.
No, es el efecto acumulado de un conjunto de cambios que se fueron dando en el tiempo.
En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas, se reformó el artículo 27 con objeto de permitir que la propiedad ejidal, una de las fundamentales del campo mexicano, se flexibilizara, para eventualmente -con la voluntad de los integrantes del ejidoconvertirse en propiedad privada. En el pasado, los ejidos no podían comprarse o venderse y en sentido estricto no podían considerarse una propiedad, un activo para quienes los poseían.
Además, se eliminaron las restricciones a los límites máximos en la superficie de tierra que podrían poseer las empresas. Antes se encontraban limitadas, lo que impedía que se desarrollaran mayores escalas de producción, y siempre había el riesgo de expropiaciones por rebasar los límites permitidos.
Había la vieja imagen del latifundio y la hacienda, contra las cuales se levantaron los campesinos en la Revolución Mexicana.
La reforma legal de 1992 permitió un incremento en las escalas de producción de diversos productos agropecuarios.
En la zona norte y el centro de la República, hubo nuevas características de las unidades económicas para permitir extensiones que hicieran rentable la introducción de tecnología. Otro de los cambios importantes en el sector agropecuario fue la eliminación de los precios de garantía, que distorsionaban las rentabilidades relativas en la producción agrícola e indirectamente también en la pecuaria.
Eso conducía a la elección de cultivos de escasa rentabilidad, pero que tenían un ingreso garantizado, sobre todo para las pequeñas parcelas.
Tuvimos por años un campo volcado al maíz, aún en zonas en las que por razones naturales no era conveniente cultivarlo, ya sea por la orografía, el tipo de suelo que se pretendía cultivar o la disponibilidad de agua.
Otro giro que ocurrió fue una modificación completa del paradigma de la política alimentaria, que se movió desde una visión orientada a la autosuficiencia en el consumo a otra basada en la soberanía de alimentos.
Ya no hubo la vocación de buscar producir la totalidad de los granos que consumimos en México, sino buscar una balanza comercial equilibrada o superavitaria.
Y eso requería un robusto sector agroexportador, con cultivos diferentes al maíz.
En el 2000, México tuvo una balanza comercial agropecuaria deficitaria en 128 millones de dólares, mientras que en 2017 hubo un superávit de 3 mil 692 millones de dólares. Se le dio completamente la vuelta a la situación y no a través de una reducción de las importaciones.
Los casos de éxito son muchos. Uno del que ha ameritado múltiples historias es el del aguacate, especialmente el de Michoacán, que es el que se exporta.
En todo el 2000, el valor de las exportaciones de este fruto fue de solo 71 millones de dólares.
En 2017, la cifra alcanzó los 2 mil 895 millones de dólares. Es decir, en tan solo 10 días del año pasado se vendió el equivalente a todo lo exportado en un año completo al comenzar el siglo.
Y eso se logró en una entidad en la que la inseguridad pública se hizo presente de manera dramática en los últimos años. Sin embargo, el éxito llegó de la mano de una organización empresarial y con capacidad exportadora muy destacada.
Pero México no solo se convirtió en un gran exportador de productos naturales o frescos, sino también de productos procesados, de mayor valor agregado.
Uno de los casos más notorios es el de la cerveza, producto del que nuestro país es el mayor exportador del mundo, atrayendo inversiones de las principales empresas del orbe en este ramo.
Otro de los casos emblemáticos es el del Grupo Bimbo, que se convirtió en la empresa panificadora más grande del planeta. Y si bien ya tiene una larga historia, fue en el curso de este siglo que logró consolidar su dimensión internacional.
La empresa Sukarne, se transformó en uno de los principales productores del mundo de cortes de carne con presencia desde Rusia hasta los países árabes.
En el ámbito agroalimentario, la lista de las empresas exitosas es muy amplia, muchas de ellas claramente están orientadas a la exportación de sus productos, como Femsa; Gruma; Grupo Kuo; Sigma; Grupo Lala; José Cuervo, solo por citar algunas de las compañías más grandes y notorias.
Quizás lo más interesante del éxito del sector exportador agropecuario y agroalimentario es que, nuevamente, no depende de ninguna reforma reciente.
La construcción de un robusto sector privado en materia de hidrocarburos va a depender de la continuidad de la reforma energética, que eventualmente podría frenarse en la próxima administración si la elección presidencial es ganada por Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en el caso del sector agroexportador y la industria vinculada con éste, no parecería haber ninguna vulnerabilidad mayor a la vista, independientemente del resultado electoral.
Es cierto que AMLO ha planteado regresar al concepto de “autosuficiencia alimentaria” y ha dicho que buscará orientar la producción agropecuaria hacia el consumo interno, señalando que quiere sacar al campo de su desastre… que en muchos casos más bien está en auge.
Los instrumentos para que un nuevo gobierno pueda hacer esto posible se encuentran limitados. Su propuesta de volver a instalar los precios de garantía en el cultivo de granos básicos no ha tenido aceptación ni siquiera en su entorno más inmediato.
Por otro lado, Alfonso Romo, uno de los hombres influyentes de su entorno, ha desarrollado emprendimientos en el ámbito de la biotecnología, por lo que se percibe que no sería proclive al retorno de las políticas tradicionales para el campo mexicano.
Si el entorno económico se desarticula por completo podría haber un impacto negativo global y el campo mexicano, desde luego, no estaría excluido.
Sin embargo, sería de los sectores menos susceptibles de padecer ante posibles giros de la política económica, por lo menos de los que se ven como más probables.
Así que, pareciera que al sector agroexportador todavía la falta recoger muchas cosechas.